La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria de becas de Segunda Oportunidad, financiada con fondos europeos y dirigida a “jóvenes que quieran retomar su formación tras abandonarla”, según su propio comunicado de prensa. El presupuesto destinado a ello es de 15 millones de euros y se supone que alcanzará a 6.000 beneficiarios. El problema consiste en que solo podrán beneficiarse de ella quienes justifiquen el coste de la plaza escolar, es decir, los centros privados, ya que ni transporte, ni material, entre otros factores, se tienen en cuenta para establecer el coste personal y familiar de dichas enseñanzas.

De hecho la ORDEN 2257/2018, de 11 de julio, establece que va dirigida al curso de preparación de la prueba para la obtención del Título de Graduado en ESO, para mayores de 18 años, en centros privados; curso de formación específico, para el acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio, en centros privados; curso de Formación Profesional de Grado Medio en centros privados; curso de formación específico, para el acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior, en centros públicos, concertados o privados; curso de Formación Profesional de Grado Superior en centros públicos, concertados o privados y Programas profesionales, dirigidos a la obtención de Certificados de Cualificación Profesional de nivel 1 por alumnos que no tengan título de ESO, desarrollados por Ayuntamientos u otras entidades sin ánimo de lucro. Pero añade: “En ningún caso la cuantía total de la beca superará el coste del curso subvencionado.” De ahí que los centros y enseñanzas sostenidas con fondos públicos no puedan acceder a estas becas, que tienen la consideración de subvención.

Lo más increíble es la vuelta de tuerca con que la Consejería consigue destinar estas ayudas procedentes de fondos europeos a colectivos diferentes para los que son, ya que el objetivo de las mismas es conseguir que los jóvenes retomen sus estudios después de haberlos abandonado, en “particular aquellos no ocupados y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas”. Para cumplir con este requisito, la Comunidad de Madrid tan solo exige estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no haber tenido una ocupación laboral ni pedagógica en el día natural anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Por lo que los solicitantes, en su mayoría, no han abandonado los estudios. Por otra parte ¿alguien en riesgo de sufrir exclusión social o procedente de comunidades marginadas puede costear plazas de seis mil euros o más?

Por todo ello, UGT denuncia la farsa que esconde esta convocatoria de becas en la Comunidad de Madrid, por ser un insulto para la ciudadanía y, especialmente, porque desvía dinero destinado a los más vulnerables hacia los negocios privados de enseñanza, en los que nuestra Región es líder indiscutible de todo el Estado.