La enésima vuelta de ingeniería laboral del Departamento de Gestión de la Circulación pasa por disfrazar de “reajuste” ante la opinión pública lo que es una reorganización encubierta de una mermada plantilla que sacrifica la circulación en la capital y la integridad física de ciudadanos y trabajadores a costa de cumplir los objetivos recaudatorios previstos en los presupuestos municipales.

Para ello, el citado Departamento no duda en recurrir a un reglamento impuesto por los gestores municipales –y denunciado por los sindicatos- para detraer agentes de movilidad en puestos de circulación de gran envergadura que forman la columna vertebral de Madrid, causando un doble perjuicio tanto para la fluidez del tráfico rodado como para la integridad física de los agentes, que pasan de ser dos a uno en los citados puestos, con la mayor carga de trabajo que ello supone así como para la desprotección física que acarrea en caso de incidencias o altercados en la vía pública.

Resulta tan sospechoso como denunciable que este “reajuste” coincida con unos presupuestos donde se prevé una mayor recaudación municipal así como al cumplimiento de una paga por productividades que “alimentan” las nóminas que abarcan desde el Subdirector General hasta los Jefes de Secciones, y que se nutre de conceptos de claro tinte recaudatorio, como son el número de denuncias, la carga de vehículos, tiempo de respuestas a requerimientos ciudadanos, y otros que cuentan con la “bendición” del Delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad y la Alcaldesa Ana Botella.

Este reajuste tiene un carácter experimental, dado que contempla su ejecución en fines de semana, e invierte en una multiplicación del número de efectivos, habitualmente destinados a labores de organización de tráfico, que se dedicarán ahora a recorrer la ciudad con el objetivo de alcanzar el mayor número posible de sanciones y convertir en dinero contante y sonante las cifras previstas por el equipo de Ana Botella, recurriendo sin pestañear al recorte de los derechos laborales de los trabajadores, tales como denegación de días libres, detrimento del derecho a la formación y menoscabo de la conciliación de la vida laboral y familiar.

Desde UGT, denunciamos la perversión del concepto de servicio público y la dedicación al ciudadano que preside el cometido de los agentes de movilidad, así como la indefensión física que esta medida hace recaer sobre dichos trabajadores a la hora de llevar a cabo su labor y atender a aquellas incidencias en vía pública que supongan un riesgo tanto para su integridad física como para la de los ciudadanos madrileños.