Las Cortes Generales han aprobado definitivamente la reforma de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.
La norma garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales, reforzando los aspectos preventivos mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales. Amplía, a la vez, su ámbito de aplicación para cubrir también los posibles daños a las aguas marinas.
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