A punto de concluir la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, incumple el compromiso adquirido en la Mesa General de Negociación (30/07/2015) de abrir un proceso negociador sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos
POR ELLO, FSP-UGT, DENUNCIA:
- El número de empleados públicos resulta insuficiente para atender al conjunto de la ciudadanía: El porcentaje de empleados públicos sobre población total nos sitúa a la cola de la UE (10% menos que en Francia, 5% menos que en Reino Unido, 4% menos que Irlanda, etc.).
- En cuatro años se han destruido 400.000 puestos de trabajo en los Servicios Públicos, (30.000 en Sanidad; 7.000 en educación; 3.000 en Seguridad Social; 2.000 en Justicia; etc.)
- La fijación de la tasa de reposición de efectivos genérica en el 50% va a continuar destruyendo más empleo público.
- La reforma laboral extiende los ERES a las Administraciones Públicas, y sólo extintivos, al contrario que en el resto de sectores, donde pueden ser temporales (ERTES) o de reducción de jornada.
Sólo en la AGE, se han amortizado 33.000 puestos de trabajo. Y 54.000 funcionarios se han jubilado anticipada y voluntariamente ante la actitud del Gobierno de degradar la figura del empleado público y generar incertidumbre sobre el futuro de las pensiones. El Observatorio de Empleo Público (RD 868/2010), elemento de la planificación de recursos humanos en las Administraciones públicas, no se ha reunido ni una sola vez.
FSP-UGT EXIGE:
- La sustitución de empleo público por privado: Conforme a los últimos datos publicados (2012) se han privatizado servicios y funciones mediante 116.645 contratos, por un importe de más de 24 mil millones de euros del erario público.
- Una tasa de temporalidad muy elevada en el conjunto de las Administraciones Públicas (20%), limitándose tremendamente (por cuestiones legales y presupuestarias) los procesos de consolidación.
- Un pacto por el empleo (suprimiendo la tasa de reposición) que permita la creación de empleo neto, y no poner en peligro la gestión de los servicios públicos, así como permitir abordar todas aquellas nuevas tareas que va reclamando la sociedad.
- Invertir en empleo público, como sinónimo de potenciar y mejorar el Estado de Bienestar y la profesionalidad, frente al clientelismo y la corrupción.
- Definir aquellas actividades que en las administraciones públicas no deben ser objeto de internalización o privatización. Y un control riguroso y exhaustivo de las que lo sean.
- Promover la consolidación de empleo de todos aquellos puestos de trabajo estructurales que están ocupados por personal temporal, modificando para ello el Estatuto Básico del Empleado Público (Disposición transitoria 4ª).
- Continuar planteando la improcedencia del despido colectivo en las Administraciones Públicas, al vulnerar el principio constitucional de la estabilidad en el empleo público.
- Potenciar el Observatorio del Empleo Público, para que efectúe una mejor distribución y planificación de los recursos humanos, al margen de criterios meramente economicistas.
- Reducir a la mínima expresión el personal eventual (personal de confianza) y directivo, fomentando que sus funciones sean desempeñadas por empleados públicos.