La Consejería de Educación y Juventud, a través de la Secretaria General Técnica y la Dirección General de Recursos Humanos, está elaborando unas instrucciones orientadas a la incorporación progresiva a los puestos de trabajo de los empleados públicos con motivo de COVID-19, prevista para este lunes 8 de junio, fecha que consideramos precipitada, ya que no da tiempo el poner en práctica las medidas colectivas e individuales necesarias.
Partiendo de la reivindicación de que las clases presenciales se retomen en el mes de septiembre, con el comienzo del próximo curso académico y lectivo 2020/21, y no antes, pues entendemos que es la única forma de que se puedan implementar, en tiempo y forma, las medidas de seguridad y salud necesarias que garanticen el desempeño del trabajo de los empleados públicos de los centros educativos y minimizar el riesgo por exposición de la comunidad educativa
QUEREMOS TRASLADAROS LO SIGUIENTE:
Se trata de implementar las medidas de protección individual y colectiva en los centros educativos dentro del escenario de menor riesgo de exposición a COVID-19, esto es, sin la presencia física de alumnos y profesores, evitándose de esta forma contagios accidentales puntuales entre los integrantes de la comunidad educativa justo al final del curso académico, lo que podría derivar en un escenario de incremento de contagios, con lo que esto supone no solo en el ámbito sanitario sino también en el sector económico del turístico nacional e internacional y el sustancial impacto negativo en la economía nacional.
Si bien hemos mantenido reuniones con la administración, estas se han llevado a cabo de forma acelerada, con plazos de participación muy reducidos, sin tener en cuenta la complejidad que supone negociar en los distintos ámbitos laborales de la Consejería de Educación: colectivo PAS (funcionarios y laborales desagregando categorías profesionales) y colectivo Personal docente; ámbito de Servicios Centrales, de Albergues, de EE.II. y de Centros Educativos.
Hemos presentado consideraciones que los distintos ámbitos, algunas han sido tenidas en cuenta y otras no, sin embargo los plazos previstos para la valorar los documentos presentados por la administración y la elaboración de propuestas por parte de las organizaciones sindicales han sido muy reducidos, que, si bien en determinados ámbitos hemos presentado y negociado algunas consideraciones, algunas han sido tenidas en cuenta y otras no, lo que cabe esperar de un proceso de negociación, en otros ámbitos se ha visto limitado el derecho a una verdadera negociación colectiva por los plazos tan reducidos.
El próximo lunes, día 8 de junio, previsiblemente se proceda a la reapertura de las clases presenciales, lo que supondrá un incremento de la exposición al riesgo de contagio por COVID-19 entre los trabajadores, puesto que todavía existen lagunas en cómo se van a establecer las medidas de protección de los trabajadores de la totalidad de los centros educativos y en las unidades administrativas de servicios centrales.
Sabemos que hay centros educativos cuyos trabajadores carecen de la ropa de trabajo que les corresponde convencionalmente, trabajadores que carecen de vestuarios adecuados (sin lavabos, duchas, taquillas, etc…) para poder asearse y mudarse con la exigencia de seguridad higiénica que la pandemia requiere. El personal de limpieza debe gestionar la desinfección de su propia ropa de trabajo en sus domicilios, introducirla en una bolsa de plástico al final de la jornada y lavarla en casa, contraviniendo las medidas de seguridad y salud reglamentarias; pedimos batas desechables y que sean los centros educativos quienes gestionen la desinfección de la vestimenta de trabajo del personal de limpieza a través de contrataciones con lavanderías industriales.
Echamos en falta medidas en materia de conciliación laboral y familiar por cuidado de menores o cuidado de mayores dependientes, actualmente hasta la finalización del período lectivo; queremos que se amplíen hasta inicio de las clases en septiembre. Es necesaria mayor flexibilidad laboral para evitar aglomeraciones en los desplazamientos domicilio-puesto de trabajo, dotación de mascarillas FFP2 de forma periódica, etc…
Las estrictas y continuas medidas de limpieza y desinfección requeridas para el cumplimiento del protocolo de seguridad y salud, va a suponer un aumento significativo de la carga de trabajo en determinados colectivos profesionales (auxiliares de hostelería, auxiliares de servicio), por lo que es requisito imprescindible la revisión de los ratios y el aumento de la plantilla.
Desconocemos quienes serán los responsables del cumplimiento del distanciamiento social entre alumnos, especialmente durante los recreos e intercambio de clases.
Por todo ello, si bien se ha llegado a acuerdos en determinados ámbitos, son necesarias instrucciones que contemplen las especificidades de los distintos colectivos sin producir indefensión, y así evitar la toma de decisiones o medidas arbitrarias por parte de los directores de los centros educativos.
Por ello las instrucciones adoptadas por la consejería de Educación y Juventud no cuentan con el visto bueno de la UGT, por lo que exigimos que se inicie un verdadero proceso negociador, con vistas al inicio de la plena actividad en el mes de septiembre.
