UGT denunció ante la administración en el año 2015 sobre el contrato, y su contenido, que los trabajadores y trabajadoras tenían que suscribir para obtener un certificado digital necesario para trabajar con los programas y aplicaciones informáticas de la administración pública, en este caso de la Comunidad de Madrid (ver)

¿Han cambiado los actuales contratos para obtener el certificado?

Sí, algo han cambiado. Aunque en aquel momento la administración acusó de infundadas las denuncias de UGT sobre el contenido del contrato, lo cierto es que se ha mejorado la protección de datos personales, que ya no pueden utilizarse ni cederse con fines publicitarios o comerciales.

¿Es suficiente para UGT?

No, aunque es un cambio importante, de ningún modo es suficiente. Ni por la forma ni por el fondo. UGT sigue denunciando que:

• El titular (empleado o empleada pública) se sigue sometiendo a una serie de obligaciones y responsabilidades sin que se tenga suficiente información, no están claras y se mezclan sin orden ni concierto responsabilidades del titular con las de la administración, hablando de indemnizaciones, costes de certificados, etc.
• Camefirma, S.A. se sigue atribuyendo el derecho a modificar las condiciones del contrato con la sola obligación de comunicarlo (aunque no dice cómo), teniendo el trabajador 15 días máximo para aceptar o rechazar dichas modificaciones (aquí sí lo especifican, por escrito). Para UGT es importante saber qué modificaciones pueden producirse y cómo se van a notificar.
• El trabajador o trabajadora si firma el contrato sigue renunciando a su fuero jurisdiccional correspondiente y se somete a una corte de arbitraje. Por tanto, saludamos la mejora en la protección de datos pero nos parece insuficiente. Para UGT el problema principal es de fondo, no entendemos que para desarrollar nuestro trabajo en la administración, tengamos los trabajadores y trabajadoras que firmar ningún contrato con empresas privadas, sino que es la administración la que debe someterse a dicho contrato o convenio, y poner a disposición de su personal los certificados, garantizando frente a ella si lo considera necesario, las responsabilidades del uso del mismo.
• UGT seguirá insistiendo en que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y su asesoría jurídica estará a disposición, como siempre, de todos sus afiliados y afiliadas que consideren que sus derechos son vulnerados.