Tras la aprobación por parte del Ejecutivo Central del RD Ley 10/2015 se inició la vía para recuperar parte de los derechos que nos quitaron a las empleadas y empleados públicos. Sin embargo, el Estado en lugar de devolver a TODOS y TODAS estos derechos al igual que nos los quitó, solamente se los ha devuelto al personal al servicio de la Administración General del Estado.
A pesar de esta situación, claramente injusta y discriminatoria, desde la FSP UGT de Madrid hemos solicitado en repetidas ocasiones la convocatoria de la Mesa General para que en este ámbito legal de representación podamos acordar su devolución.
Hasta hoy, las respuestas del Gobierno Autonómico, bien directamente contestando a las cartas remitidas por UGT o, a través de los medios de comunicación siempre han sido las mismas: que su intención, al igual que el Estado era devolver la parte de la paga extra correspondiente a 2012 y que la restitución del resto de derechos los pretendía negociar con los representantes de los trabajadores en la Mesa General de Negociación.
Finalmente esta convocatoria de la Mesa se producirá el próximo viernes 9 de octubre, cuyo orden del día es el siguiente:
- Negociación de medidas de empleo público de aplicación directa en el año 2015 de acuerdo con el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de septiembre.
- Calendario de negociación de las medidas de empleo público previstas en la legislación básica.
Para la FSP UGT de Madrid es fundamental que el derecho y el ejercicio de la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos sea reconocida y puesta en valor por todos. El foro y el ámbito donde se deben tratar y negociar las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos, debe ser en el seno de la Mesa General.
Al margen del resultado de la reunión del viernes, es justo reconocer (aunque podía haber sido antes), que el Ejecutivo pone en valor el sentido de esta mesa, lo que debería ser un acto de normalidad en el marco de relaciones laborales consensuado entre todos. Esperemos que esto de verdad sea un acto de normalidad y de fortalecimiento de la negociación colectiva, que suponga un cambio real respecto a lo que venía sucediendo, y no solo una buena oportunidad política.
