En sendas sentencias emitidas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de abril y del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles, el Ayuntamiento de Alcorcón es condenado de nuevo por el despido improcedente de 23 trabajadores/as.

En la primera, cuyo recurso fue presentado por los servicios jurídicos de UGT, se ratifica la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 2 bis de Móstoles, de fecha 20 de octubre de 2014, desestimando por tanto el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón. En la misma, se confirman todos y cada uno de los autos emitidos por dicho juzgado, sumando el importe total de las indemnizaciones y salarios de tramitación de los 6 trabajadores/as afectados, un importe de 59.740,156 euros, además de condenar a costas con otros 500 euros a cada uno de los letrados que impugnó el recurso.

En la segunda sentencia se estiman las demandas interpuestas por 17 colaboradores sociales, que prestaron servicios para el Ayuntamiento de Alcorcón desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, en las categorías de peón de jardinería, conserje y albañil.

La sentencia desmonta, sin lugar a dudas, todos los pueriles argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para intentar “justificar” la prestación de los servicios por estos trabajadores/as, quedando perfectamente acreditado que “han venido desarrollando la actividad ordinaria de la administración demandada, de forma idéntica a la realizada por trabajadores de las categorías profesionales llevadas a los hechos probados para cada uno de los demandantes.”

A más abundamiento, el Fundamento de Derecho Cuarto estima que “la declaración de improcedencia del despido…….….., comporta necesariamente la readmisión de todos los trabajadores, que deberá tener lugar abonando el ayuntamiento los salarios que los trabajadores dejaron de percibir desde la fecha del despido, y hasta la de su efectiva readmisión.” Es decir, no cabe indemnización alguna y los trabajadores tendrán que incorporarse a la plantilla municipal, abonándoles un total de 395.266.82 euros, más seguros sociales, en el caso de que la incorporación se produzca el 31 de mayo.

La suma de las dos cantidades hace un montante de 454.736,98 euros, sin incluir las costas y los seguros sociales, que, una vez más, saldrá de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Alcorcón. Ni el alcalde David Pérez ni ningún miembro de su equipo de gobierno, que aprobaron tal despropósito, tendrán responsabilidad alguna, siendo de nuevo la ciudadanía la que tenga que asumir el dislate de gestión del Partido Popular de Alcorcón.

Para UGT, esto es un último regalo envenenado de David Pérez a sus vecinos/as antes de abandonar la alcaldía de Alcorcón, algo que esperamos y deseamos se produzca, por el bien de vecinos/as, trabajadores/as y colectivos de Alcorcón. Confiamos en la responsabilidad de los ciudadanos/as de Alcorcón para poder quitarnos esta lacra que ha sido el desgobierno del Partido Popular en estos cuatro años.