El 18 de abril, se publicó una Orden de la Consejería de Educación que modificaba el Plan Estratégico de Subvenciones, relativos a la concesión de becas para el estudio de Bachillerato en centros privados, multiplicando por cinco los recursos presupuestarios destinados a ello, que pasan de 4.500.000€ y 3000 beneficiarios anuales a 21.748.875€ y 15.310 beneficiarios, lo que multiplica por cinco las cuantías destinadas a la escolarización en centros privados.
Los objetivos de este Plan son: “Garantizar el acceso a los estudios de Bachillerato en centros privados de su propia elección a las familias con menos recursos económicos y consolidar la libre elección de centro educativo de las familias de los alumnos beneficiarios”.
UGT denuncia la política de privatización de la Consejería, que continúa aumentando la financiación a los centros privados, así como la diferencia de trato respecto a la red pública, en la que prosiguen la disminución de la oferta de modalidades y optativas, lo que obliga a una parte importante del alumnado a abandonar su centro de referencia y solicitar un cambio de instituto. Estas solicitudes, a las que en muchas ocasiones no dan solución en el proceso de escolarización, obligan a las familias a peregrinar en busca de una plaza del bachillerato elegido. Y nos preguntamos ¿este alumnado no tiene derecho a continuar en el centro donde han cursado Secundaria, como justifica la Consejería para la creación de estas ayudas en centros privados? Para UGT es un engaño disfrazar de ayuda a las familias lo que claramente es una financiación a los centros privados.
Por otra parte, UGT denuncia que este alumnado ya podía hacer uso de la llamada “beca general y de la beca de Segunda Oportunidad, esta última financiada con fondos europeos y destinada a combatir el abandono escolar temprano, pero que Madrid ha utilizado, desde su implantación y a diferencia de otras Comunidades Autónomas, incluso gobernadas por el Partido Popular, para conseguir que el alumnado que, por motivos económicos, se ve obligado a ponerse a trabajar para contribuir a la economía familiar, pueda disponer de una ayuda y continuar sus estudios.
Y es que, para UGT, no todo vale en materia de educación y de financiación a las familias. A tal efecto y solicitamos a la Consejería coherencia en materia de financiación y de apoyo a los más vulnerables, en cumplimiento de la Constitución, de la normativa básica, de la europea y de la decencia.