El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció, mediante su Resolución A/RES/64/292, que el derecho humano al agua potable y el saneamiento era un factor esencial para la vida. Sin embargo, en lugar de gestionarla con criterios de sostenibilidad ambiental, equidad social y racionalidad económica, se gestiona como un factor de producción buscando la máxima rentabilidad.

En España, aunque el agua sigue siendo pública, gran parte  la gestión se adjudica a un agente privado, de tal forma que en 2014 el 57% estará en manos privadas.

Durante el 2013, se produjeron más de 500.000 avisos de corte de suministro del agua, lo que supone más de 9.000.000 de personas con dificultades para pagar el recibo del agua.