Algunos medios de comunicación han adelantado que el Pleno del Tribunal Constitucional aprobará por abrumadora mayoría la ponencia elaborada por uno de sus magistrados que avalará la constitucionalidad de algunos de los aspectos más contestados y controvertidos de la LOMCE. Todo ello como respuesta a un recurso interpuesto en 2014 por cien parlamentarios y parlamentarias del PSOE.
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT ha venido oponiéndose a dichas disposiciones recogidas en la LOMCE. Entre ellas figura, por ejemplo, la financiación de los centros que separan por sexo al alumnado. La elección por parte de los padres o tutores de centros que segregan, separando en aulas diferenciadas a alumnos y alumnas, es una decisión de carácter personal respetable. Pero su financiación con fondos públicos es una cuestión de interés general, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos públicos son limitados. Consideramos que en un sentido amplio, y aunque la legislación educativa no lo determine expresamente, la segregación del alumnado por sexo es contraria al artículo 14 de la Constitución.
