Desde la irrupción de la pandemia de COVID-19 se han elaborado protocolos de protección para la contención del contagio y propagación de la epidemia y en especial para los profesionales que directamente están en contacto con los pacientes. De han llegado a elaborar protocolos para los diferentes ámbitos de las prestaciones asistenciales sanitarias y las de servicios y atención en residencias, transportes… todos ellos con el rigor que deben plantearse por los especialistas en riesgos laborales, con los servicios de prevención, con la intervención de agentes sociales y comités.
Extraño resulta que la pandemia progrese de manera exponencial y los protocolos que los responsables de las autoridades sanitarias pretenden aplicar a los profesionales sufran cambios que reducen el nivel de seguridad y protección a niveles mínimos e incluso se obliga a los trabajadores al ejercicio de su profesión sin ningún tipo de medida de protección.
Peor y lamentable resulta que no haya equipos suficientes, ni de una mínima seguridad, que aun en ausencia de un protocolo responsable puedan salvaguardar la salud de los trabajadores y la propagación de la epidemia. Desde el principio UGT ha denunciado en todos y cada uno de los centros de trabajo las carencias en medidas de protección, la falta de EPIS y el peligro de contagio que corren los trabajadores y sus familias. En una sociedad globalizada y con un nivel de comunicaciones propio del siglo XXI es inconcebible que a dia de hoy los equipos de protección sigan faltando en los centros.
La Administración de la Comunidad de Madrid es responsable directa de todas aquellas infecciones contraídas por los profesionales, en la actualidad 2601 profesionales se encuentran en aislamiento, y los medios de comunicación ya se han hecho eco de los primeros fallecimientos.
Necesitamos URGENTEMENTE batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y no basta solo con “notorias manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla” según pretende hacernos creer el Supremo.
La UGT exige a Isabel Díaz Ayuso las medidas de protección, los EPIS que todos los profesionales necesitan y que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid tengan las garantías en su atención de que no van a sufrir un contagio por contacto con un profesional sanitario o con todos aquellos que participan en las labores de atención en esta crisis