Tras las anunciadas medidas plasmadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas -conocida por CORA-, la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales y las Coordinadoras Estatales de Agentes Forestales de UGT y CCOO denuncian que el Gobierno pretende que los más de 6.000 funcionarios públicos con competencias en materia de medio ambiente NO puedan participar en la investigación de los delitos en este ámbito.

Según CCOO, UGT y AEAFMA se dispone la vulneración no solo de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino también lo establecido en la propia Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía, puesto que en todas estas normas se establece la competencia plena de cada comunidad autónoma en temas relacionados con el medio ambiente. Y todo ello bajo la supuesta eliminación de duplicidades.

El texto impone que todos los agentes forestales, medioambientales, agents rurals, axentes forestais e medioambientais, guardas del medio natural, agentes para la protección de la naturaleza, guardas forestales, basozainas, basoko agenteak o guarderío forestal deban comunicar sus actuaciones al Seprona, en una clara demostración de centralización de competencias bajo un corporativismo muy evidente.