Como habíamos comunicado en nuestros diferentes documentos y comunicados sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,(Ley 27/2013 de 27 de Diciembre), (Guía de la Reforma Local, Guía contra la Reforma Local y Estudio Jurídico sobre la aplicación de la Reforma Local en la Comunidad de Madrid, todos ellos a vuestra disposición en el sector Local), la fecha 31 de Diciembre de 2015 marcaba el límite para el traslado de diversas competencias a las Comunidades Autónomas: servicios sociales, educativos y de salud se veían afectados.
La reordenación competencial establecida en la Reforma estaba paralizada en la práctica, al negarse las Comunidades Autónomas a asumir nuevas competencias sin que se arbitraran los medios económicos adicionales imprescindibles para su gestión.
Incluso la Comunidad de Madrid había legislado en contra de la Reforma, (Ley 1/2014, de 25 de Julio), retrasando unilateralmente la asunción de competencias hasta que se aprobara un “nuevo sistema de financiación autonómica”, contradiciendo de manera explícita y clara a la Reforma Local, que no contemplaba tal requisito para el traspaso competencial.
Ahora el Ministerio de Hacienda y Administraciones afirma que “competencias relativas a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, y que deberían ser asumidas por Comunidades Autónomas, estarán supeditadas a un proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales”.
UGT manifestó la imposibilidad de este traspaso competencial sin dotar de fondos adicionales a las Comunidades Autónomas: el resultado de los traspasos sería, en todo caso, una pérdida de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía y del empleo, ampliándose la política de recortes y deterioro de los servicios públicos que hemos sufrido durante estos años.
La Reforma Local aprobada, lo dijimos en su momento, supone un atentado al y los servicios públicos prestados por la Administración Local.
Desde UGT estaremos muy atentos a su ejecución y desarrollo, una vez que el propio gobierno central ha visto inviable el traspaso de competencias sin una nueva financiación del sistema autonómico.
Empleo, preservación y potenciación de los servicios públicos seguirán siendo la base de nuestra acción sindical en al ámbito de los Ayuntamientos.