El Consejo de Ministros del pasado viernes (30 mayo) autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación del servicio de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Sobre este contrato, por un importe de 33.387.743,03€, y con una duración prevista de un año, el Sindicato de Prisiones UGT quiere hacer las siguientes consideraciones:
Nuestro total rechazo a una política de privatización de servicios que, con una clara repercusión en los ámbitos de la sanidad, la educación, etc., comienza a aplicarse al terreno de la seguridad. Defendemos un modelo público en la gestión de de actividades absolutamente imprescindibles para la sociedad.
Con este intento por introducir la gestión empresarial en este sector (bajo la falsa y edulcorada fórmula de colaboración público–privada) no se esconde otra idea que el deseo de hacer negocio, de abrir al beneficio de las grandes empresas un área de la actividad pública especialmente sensible. Hay una actuación premeditada por los diferentes niveles de la Administración que tiene por objeto una gran modificación del sistema penitenciario español para que el negocio de la seguridad privada se convierta en el núcleo esencial del mismo.
Se quiere asociar el concepto de mejora de la gestión y de asignación eficaz de recursos con la intervención de la iniciativa privada. Tras los acontecimientos vividos en los últimos años de la etapa más virulenta de la crisis económica, la aceptación fácil y sin debate de la ultra eficiencia de la empresa privada frente a la gestión pública debe de ser objeto de una profunda revisión. La gestión de muchas empresas privadas de la banca, de la construcción, de las carreteras radiales, etc. no ha estado presidida por la eficacia sino por el lucro y la ambición.
Este Gobierno vuelve a utilizar la demagogia y el populismo para esconder un modelo económico y social devastador para el conjunto de los ciudadanos: la contratación de los escoltas que se han quedado sin trabajo en el País Vasco y Navarra no ha sido sino una excusa con escasa o nula incidencia; habla de optimizar recursos y de un uso eficiente de los fondos públicos cuando lo que se hace es incrementar el gasto del Estado en más de 33 millones de euros; dice compensar la falta de personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando es el propio partido en el Gobierno el que ha decidido destrozar la Oferta de Empleo Público en estos colectivos…
Hay otras alternativas a este modelo liberal y privatizador. Una de ellas pasaría por renunciar a la contratación externa de empresas de servicios, y apostar decididamente por la Oferta de Empleo Público como instrumento adecuado para atender necesidades permanentes de personal. Vale esta idea tanto para los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como para la dotación de personal en Instituciones Penitenciarias. De optarse por esta fórmula, los 28 millones de euros (coste neto sin impuestos) permitirían la contratación anual de más de 1.000 guardias civiles o de más de 800 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Una vez más, en este caso escudándose en razones de seguridad, el Gobierno vuelve a despreciar los objetivos de transparencia y acceso a la información pública de los que frecuentemente alardea. Este contrato se materializará mediante procedimiento negociado sin publicidad, y por lo tanto al margen de los instrumentos al alcance de los ciudadanos para fiscalizar la utilización de los fondos públicos, para conocer la naturaleza de los servicios a prestar, y para poder acceder a las características técnicas y administrativas básicas.
La estructuración del contrato en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas, no creemos que responda a un intento por garantizar la diversidad en la adjudicación. Más bien, dada la experiencia del proyecto piloto que se realizó en 2013, es una respuesta administrativa para facilitar la distribución del pastel entre las grandes empresas del sector.
Para calcular los beneficios que las empresas de seguridad privada van a obtener de este contrato de 33 millones de euros deben de descontarse los impuestos, el abono de salarios de acuerdo con el convenio del sector de seguridad privada, el pago de seguridad social, los costes derivados de la ejecución del contrato, etc. Es más que posible que las arcas públicas dejen en sus manos un total de 6 millones de euros. Este es el precio de la colaboración público-privada. Este es lo que nos cuesta a todos los españoles la ideología liberal del partido en el Gobierno.
El Sindicato de Prisiones UGT, integrado en la Plataforma en defensa de unas prisiones públicas, está convocando y participando en un proceso de movilizaciones de alcance nacional desde Julio de 2013 para mostrar nuestro rechazo a la privatización de la seguridad exterior de los centros penitenciarios, para conseguir los empleados públicos necesarios para prestar un servicio de calidad, y en defensa de la imagen pública de nuestro colectivo.
