En estos días de octubre de 2015 se ha conocido el fallo del Tribunal Constitucional sobre un artículo de la polémica Ley 3/2007 que el Gobierno de Esperanza Aguirre impulsó. Esta Ley pretendía quitar el carácter de Agente de Autoridad de los Agentes Forestales así como limitar el acceso a las fincas privadas. En la Comunidad de Madrid más del 80% de la superficie está en manos privadas y los Agentes Forestales, poco más de 200 funcionarios, ejercen la Policía, Vigilancia y Custodia del Patrimonio Natural de todos los madrileños. Entre esas funciones destaca la inspección ambiental del Medio Natural.

Se ha dicho muchas veces pero el campo no conoce de fronteras, los ríos atraviesan distintas propiedades y hasta comunidades autónomas antes de que salga por nuestros grifos. Y lo mismo pasa con la fauna que recorre diferentes territorios y que deben ser protegidas independientemente de que el terreno sea público o privado. Otras cuestiones de salud pública como venenos y otras sustancias que pueden entrar en la cadena trófica recomiendan (como ocurre en todas las partes del Planeta) que la inspección ambiental sea ejercida independientemente de la titularidad del terreno. Alguien explicaba que aunque el Bar sea tuyo debes dejar pasar a la cocina y otras dependencias a los Inspectores de sanidad, igual ocurría con los Forestales.

El aspecto más polémico de la norma del Ejecutivo de Esperanza Aguirre era que para entrar en terrenos privados los Agentes Forestales requerían de autorización judicial. Es decir, equiparaba los montes y terrenos boscosos a la misma categoría de domicilio que la Constitución garantiza al extremo. Esto parecía un despropósito a simple vista ya que un Agente Forestal puede llegar a entrar en varias fincas privadas a lo largo de su jornada laboral, pero además iba a colapsar aún más la administración de Justicia con miles de peticiones de acceso. Así ocurrió durante los meses en que la Ley estuvo vigente y que muchas grandes fincas realizaron imponentes construcciones sin control alguno. Eran los tiempos el Boom de la construcción y las autorizaciones y la inspección ambiental podrían suponer un obstáculo a ese frenesí del Ladrillo, por lo tanto lo más cómodo parecía cortar de raíz con ese grupo de funcionarios que ejercían esas funciones.

Agradecer a Gregorio Peces-Barba ya que en los primeros instantes elaboró un documento de posicionamiento que ya hablaba de los visos de inconstitucionalidad de la polémica norma de Aguirre. También a Cristina Narbona, considerada por muchos la única Ministra de Medio Ambiente que ha tenido España desde que se creara en 1996 tal Ministerio. La entonces Ministra supo ver la gravedad del ataque y como además se preparaban normas similares en Baleares y Valencia, por ese motivo insistió en los Consejos de Ministros de forma que finalmente el Abogado del Estado interpuso el citado Recurso de Inconstitucionalidad. Son muchos otros los que apoyaron en esta dura lucha a los Agentes Forestales: prácticamente todas las ONGs ambientalistas, departamentos universitarios y entidades científicas como el Museo de Ciencias Naturales-CSIC, ciudadanos anónimos, compañeros de todo el Estado y de otros colectivos, todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular, etc

Lo cierto es que han sido casi 8 años hasta ver el fallo del Tribunal Constitucional y hay que decir que gracias a que la norma quedó suspendida de forma cautelar a los 5 meses de su entrada en vigor, durante estos años los Agentes Forestales hemos podido seguir trabajando de forma casi normal. Decimos casi porque acabamos de salir victoriosos de otra difícil batalla a nivel Estatal. El año 2015 lo recordaremos por el año en que se modificó la Ley de Montes y donde se pretendió (una vez más) descafeinar la figura del Agente Forestal (dejando de ser funcionario) y limitando una vez más su capacidad para realizar la inspección ambiental. Tras numerosas reuniones al más alto nivel y la certeza de ser una modificación impuesta desde el Ministerio del Interior, los Agentes Forestales hemos logrado dejar igual nuestro Estatus Jurídico en la Ley de Montes (recién entrada en vigor).

Los Agentes Forestales salimos vivos pero maltrechos de esta batalla donde tal y como recoge el fallo del Tribunal Constitucional ha prevalecido el Interés General de conservación de los Ecosistemas. Nuestro recorrido y potencial de trabajo es enorme aunque no sabremos hasta donde podremos llegar. Aunque hemos ganado muchos compañeros de otras comunidades ya nos lo dicen, os tienen castigados, os dejan a extinguir. Y los hechos así parecen demostrarlo, llevamos casi 13 años sin que se convoquen oposiciones, la edad media del Cuerpo supera los 50 años, etc y si no hay una apuesta urgente por el Cuerpo de Agentes Forestales en menos de 4 años colapsará y no podrá ejercer sus funciones. Nos hemos convertido sin saberlo en una especie en Peligro de Extinción, mucho más amenazada que la mayoría de poblaciones de milanos, águilas o mamíferos que protegemos.