La llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor el 31 del pasado mes de diciembre ya cuenta en su haber con tres recursos de inconstitucionalidad, último de ellos  presentado este viernes, lleva la firma de 130 diputados del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, y varias formaciones del grupo mixto que creen que la norma provocará “la demolición” de los servicios sociales y someterá a los Ayuntamientos a lo que diga el Ministerio de Hacienda.

“Es una ley que priva a los ayuntamientos de su autonomía política”, resume el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, en declaraciones a los periodistas a las puertas del TC, donde se ha presentado el recurso.

Ascensión de las Heras, diputada y portavoz de asuntos municipales de IU, ha afirmado que “ésta es una respuesta sin precedentes a un ataque sin precedentes”, ya que a la ley se han opuesto ayuntamientos, comunidades autónomas y gran parte de la oposición parlamentaria.

La oposición en los parlamentos de Extremadura y Navarra, comunidades gobernadas por el PP en minoría, han forzado votaciones para presentar sendos recursos, que se suman a los anunciados por Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias.

La Federación de Servicios Públicos de UGT denunció en su momento que la reforma local es injusta e innecesaria; se trata, además, de una ley agresiva que persigue una reconversión del empleo público, despoja de contenido a las instituciones democráticas consolidadas durante décadas de trabajo arduo, favorece el copago y las tasas y abre la puerta a la gestión privada.