Desde la FSP UGT MADRID, hemos elaborado el siguiente Informe sobre las medidas económicas, jurídicas y sociales que han efectuado los diversos gobiernos (tanto autonómico como estatal) en los últimos cinco años, y que han tenido un impacto directo sobre las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos de la Comunidad de Madrid.Este documento se presenta en tres bloques diferenciados:
- En una primera parte se recogen, de manera extractada y cronológica, las distintas normas de distinto rango (ley, real decreto ley, decreto, orden, instrucción y acuerdo), que establecen medidas de recortes salariales, derechos sindicales, régimen de permisos y licencias y otras que suponen una pérdida de garantías sobre la estabilidad y calidad en el empleo público. Así mismo, suponen, de manera directa e indirecta, una reducción en la capacidad y contenidos de la negociación colectiva, tanto del personal laboral como del personal funcionario y estatutario.
- En un segundo bloque de información se describe el balance de los últimos años sobre el volumen de empleo público, con una disminución significativa, sobre todo en los sectores de la sanidad y la educación.
- Por último, el tercer bloque se refiere a la evolución de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, donde se constata, entre otras cosas, una reducción sustancial de las partidas destinadas a los gastos de personal, así como el incremento de las partidas presupuestarias dedicadas a los conciertos educativos y a la privatización de la sanidad, a la vez que se reduce el gasto en educación pública, transportes y vivienda.
Para la FSP UGT de Madrid, estos recortes, junto con otras medidas de distinta naturaleza, (privatizaciones, reformas laborales, reducción de empleo público, devaluación de la protección social), representan el mayor ataque al Estado del Bienestar desde su implantación. Es decir, que no ha quedado nada sin recortar o reducir: pensiones, sanidad, dependencia, educación, etc. Al mismo tiempo, han impulsado una fiscalidad regresiva, incrementando los impuestos indirectos, con mayor impacto sobre la ciudadanía, a la vez que se eliminaba, por ejemplo, el impuesto sobre patrimonio en la Comunidad de Madrid.
Aunque no son objeto de este análisis, debemos reseñar otras medidas que tienen relación con el acceso a la justicia y los derechos ciudadanos en general: La implantación de tasas judiciales, el endurecimiento de las leyes que permiten la libertad de expresión y manifestación, la restricción y criminalización del derecho de huelga, la eliminación del acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad, los intentos de restringir la normativa sobre el aborto, etc.
Este Informe y su balance debe servir como una herramienta más para trazar una estrategia sindical que tenga como objetivo revertir y recuperar todo lo perdido y diseñar nuevas bases de actuación para impedir escenarios parecidos al que tenemos actualmente. Entre otras cosas, la Unión General de Trabajadores propugna una reforma constitucional que eleve el rango de los derechos sociales y los servicios públicos, equiparándolos a los derechos fundamentales, blindando y haciendo irreversibles los niveles de protección y de cohesión social.
