UGT llevó a la Comisión de Seguimiento la decisión de la Viceconsejería de Empleo, de no pagar las vacaciones devengadas hasta el momento al personal interino, que ha sido llamado para trabajar en oficinas de empleo como técnicos superiores especialistas. Muchos y muchas de estas trabajadoras estaban trabajando para la Comunidad de Madrid, incluso en las propias oficinas de empleo, de ahí que tuvieran vacaciones devengadas pendientes de disfrute.
Alegan en la Viceconsejería razones de urgencia para no haberles ofrecido la oportunidad del disfrute antes del nuevo nombramiento, cosa que sorprende porque en los quince años desde que la Comunidad recibió las competencias de empleo, no ha convocado ni una sola plaza de este cuerpo. Juzguen ustedes la urgencia.
¿Y Función Pública consiente este atropello? Pues sí, alegando que la decisión de cambiarse al nuevo puesto es voluntaria y que eso implica una renuncia a los derechos generados. Aducen que no hay ninguna normativa que obligue a abonarles las vacaciones, pero a la vez reconocen, sin ningún rubor, que tampoco hay ninguna normativa que les impida abonarlas.
Nos encontramos ante una desvergüenza que escandaliza a cualquiera que tenga una pizca de sensibilidad y sentido común. Esto es una prueba más de la falta de consideración que la Comunidad de Madrid tiene hacia sus trabajadores y trabajadoras, y que alcanza cotas insoportables cuando al personal interino se refiere.
UGT pide a todos sus afiliados y afiliadas que estén en esta situación, que se pongan en contacto con nuestra asesoría jurídica para que defiendan su derecho a las vacaciones, a sus merecidas vacaciones que han sido generadas trabajando mano a mano con los desempleados para prestarles el mejor servicio público posible, y ya os aseguramos que no es fácil trabajar bajo las arbitrarias directrices de la subdirección en cuestión en el terreno profesional, y bajo su insensibilidad e intransigencia como jefatura.
En definitiva, UGT pide a sus afiliados y afiliadas que contacten con nuestra asesoría jurídica sencillamente para que defiendan la dignidad de su trabajo, aunque tenga que hacerse judicialmente.