La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorcón ha retirado, por segunda vez consecutiva, el punto del Orden del Día en el que se pretendía aprobar el inicio de revisión de oficio de todos y cada uno de los nombramientos que tuvieran base en el procedimiento de funcionarización, realizados en el año 2011 en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Desconocemos los motivos de la primera suspensión, realizada en una Junta de Gobierno extraordinaria el pasado viernes 31 de octubre. Sí podemos asegurar que para la retirada del punto en el día de hoy, ha tenido mucho que ver el escrito presentado esta mañana por esta Sección Sindical ante dicho Órgano, en el que solicitábamos la retirada del mismo, puesto que no se ha resuelto el recurso Contencioso-Administrativo que presentamos el pasado 5 de septiembre, en el que solicitábamos, entre otras cuestiones, la suspensión del acto administrativo en los términos previstos en el artículo 111 de la Ley 30/1992. También comentábamos en el mismo que dicho procedimiento no está aún acabado, pues hay una gran cantidad de trabajadores/as afectados sin notificar todavía, por lo que entendemos que está manifiestamente caducado.
Es de comprender el temor de los miembros de la Junta de Gobierno Local a poder incurrir en un ilícito penal de prevaricación, como así hicimos constar en nuestro escrito, por las responsabilidades penales que podían acarrearles en caso de haber seguido adelante con dicho acuerdo.
Parece increíble que un equipo de gobierno que está intentando ser tan exhaustivamente puntilloso en el procedimiento seguido en el proceso de funcionarización, no lo sea en sus propios actos administrativos relacionados con este mismo asunto, y nos obligue a estar recordándoles constantemente cuáles son los cauces que marca la legislación. La Ley es igual para todos, y nadie está exento de cumplirla y respetarla.
Esperemos que de una vez por todas, se ajusten a lo establecido tanto en los informes como en las leyes afectadas por este asunto, para no tener de nuevo que “recordarles” lo recogido en la legislación vigente, ni tener que acabar poniendo en conocimiento de la Fiscalía todo este proceso.