Anunciaba la prensa recientemente que “quince empresas llevarán el timón del turismo en Madrid” (ver noticia). La noticia consiste en que se ha constituido una agrupación de empresas de turismo y con participación de administraciones públicas, que se encargará de gestionar el Plan Estratégico de Turismo de Madrid 2014-2019, y cuyos fines declarados serán aumentar el flujo de viajeros que llega a la capital y lograr que estos gasten más dinero en su visita.
Hasta aquí las intenciones. Ahora analicemos los datos. Este nuevo organismo integrará administraciones públicas (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) con una participación del 49% del capital y un peso decisorio del 25% y también integrará empresas del sector que a su vez pondrán el 51% del capital, pero tendrán un 75 % de la representación en la Junta Directiva, y por tanto en la toma de decisiones. Salta a la vista la desproporción. Prácticamente se financia con fondos públicos en su mitad, pero a la hora de decidir el aspecto y rumbos del turismo madrileño, serán estas empresas quienes tengan la última palabra, y la primera y la segunda y las sucesivas.
Se trata de una nueva demostración de la mentalidad neoliberal de nuestros gobiernos local y autonómico, que o bien privatizando o bien con este tipo de fórmulas, acaban relegando las instituciones, y la capacidad de gobierno, al papel de subsidiarias de los intereses empresariales. ¿Qué consecuencias puede traer esto? La primera y más grave es que este nuevo organismo esté tentado de servir prioritariamente los intereses empresariales, los suyos, relegando el interés social. Y este desequilibrio encima se haría con dinero público, que las administraciones pondrán a disposición de un Plan cuyo desarrollo decidirá y diseñará el sector empresarial gracias a la fuerte mayoría que tiene en la Junta Directiva.
Finalmente, habrá que ver si no se produce un indeseado “efecto monopolio” que permita a los componentes de esta Asociación, neutralizar cualquier asomo de competencia empresarial que pudiera darse en el sector comprometiendo sus actuales posiciones de hegemonía.
Esperamos que estos temores no se confirmen, pero UGT habría deseado que este Plan Estratégico de Turismo se hubiese confiado plenamente o de forma mayoritaria a la Administración Pública, pudiendo así desarrollar una actividad reguladora “pura”, sin injerencias empresariales, en lugar de poner a la administración en la posición de ser una fiel intérprete, y pagana, de la partitura empresarial.
