Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación y las escasas y tibias explicaciones que han ofrecido los responsables en protección de menores del gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el desmantelamiento de una red que prostituía a niñas, algunas de ellas tuteladas por la Comunidad:
Desde la Sección Sindical de Menores del Sector Autonómico de UGT Servicios Públicos de Madrid, queremos manifestar nuestro apoyo absoluto al conjunto de profesionales que, a pesar de todas las dificultades, insuficiencia de medios y de la muy mejorable coordinación entre los distintos organismos e instancias, mantienen los centros de protección con unos estándares de calidad en la atención a los niños y niñas que solo es posible gracias a un nivel de dedicación e implicación extremas, mucho más allá de lo exigible teniendo en cuenta los escasos recursos disponibles y las precarias condiciones laborales que soportan. Suscribimos los argumentos y la queja de las trabajadoras y trabajadores del C.P.A. Hortaleza.
Desde UGT Menores, rechazamos cualquier uso sensacionalista y sesgado de los acontecimientos y queremos recordar que se trata de una operación contra el criminal sometimiento a abusos, trata y esclavitud de unas niñas por parte de una trama de proxenetas y traficantes. Unas niñas que se encontraban en situación de riesgo y precisaban de la protección del sistema, una protección que no ha bastado para evitar que fueran captadas y sumidas en un infierno inimaginable. Y es que la protección que necesitan y merecen incluye, junto a la atención psicosocial y a la acción policial y judicial, el respeto y la defensa ante el amarillismo de algunos medios que convierten su dolor en carne de sucesos.
Tampoco ayuda en absoluto el uso partidista de este drama personal y social como arma arrojadiza por parte de algunas instancias políticas. No todo vale, y pocas veces se da un conocimiento mínimo de la realidad de la protección de menores en quienes pretenden, según sus intereses, defender a ultranza o denostar su funcionamiento.
Las vidas de estas niñas y la obligación para con ellas del sistema de servicios sociales y de nuestra sociedad en su conjunto merecen un tratamiento más sensible, más objetivo y más proactivo para reparar en la medida de lo posible lo sucedido y evitar que ocurran casos similares en el futuro.
Defendemos la actuación de los equipos educativos y las personas que los forman y que, en todos los casos, se dejan la vida para proteger a las niñas y niños, para detectar cualquier signo de los peligros que les acechan fuera de los centros, donde su atención profesional no llega. Todo es mejorable, y desde UGT Menores sabemos que:
- Son necesarios más recursos específicos y adecuados para atender a las necesidades psicosociales y familiares de las niñas y niños en situación de riesgo. La entrada de un o una menor en un centro de protección no es el final, es el inicio del proceso de ayuda que hay que ofrecerle, a partir de ahí son imprescindibles los medios personales, técnicos y materiales para la mejora de sus condiciones y situación personal, social y familiar.
- Hay que reforzar los servicios sociales de proximidad en el barrio, en los colegios, en el trabajo con las familias. Es fundamental trabajar para las niñas y niños fuera de los centros. Hay que detectar los problemas y tratarlos allí donde se producen. Ese trabajo no se puede hacer desde dentro de una residencia infantil.
- La coordinación entre los centros, los servicios sociales, los centros educativos, la policía y la fiscalía de menores es la clave para alcanzar un conocimiento global e integrado de la realidad de las niñas y los niños con problemas.
- Los recursos públicos son una garantía de calidad y buen hacer en la protección de menores. Hay que dotar a la red de protección con recursos específicos de titularidad pública para atender, con derivaciones ágiles y ajustadas a cada valoración, a las diversas necesidades concretas de cada niña, de cada niño.
- Defender y mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores públicos es apostar por la mejor atención a las niñas y niños. Sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero si queremos conservar la mejor parte, la parte que sabemos que funciona de la red de centros de protección, sus profesionales, hay que asegurar la continuidad de su labor sosteniendo los centros de menores durante décadas. La Administración debe blindar el alma de las residencias de menores facilitando la permanencia de esas personas, en su inmensa mayoría (más del 80%) sin plaza fija, reconociendo su experiencia para facilitar su estabilización. La Comunidad de Madrid no se puede permitir que su experiencia desaparezca de los centros.
- Es imprescindible una defensa cerrada, por parte de la Consejería, de las y los trabajadores de los centros de menores, protagonistas de tantos logros en las intervenciones con niñas y niños en riesgo, logros que no aparecen en los titulares. Este personal es el eslabón más débil de la cadena mediática, siempre cuestionadas y cuestionados, siempre en el punto de mira de las críticas de quienes se permiten hablar y valorar sin conocer.
