El jueves 2 de abril se publicaba en el BOE la ORDEN 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptaban medidas en materia de recursos humanos en la Comunidad de Madrid en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptaban medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Entre las medidas establecidas en la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su apartado octavo se establecía la puesta a disposición de las Comunidades Autónomas de medios y recursos sanitarios de centros y establecimientos sanitarios privados, su personal y las Mutuas de accidentes de trabajo.
Desde el principio de la crisis, tanto el personal de Mutuas como sus instalaciones se han puesto a disposición de la mayor y mejor colaboración con la crisis sanitaria, pero desde la Consejería de Sanidad se ha demostrado una enorme dosis de descoordinación que a día de hoy sigue en la misma línea, contactando con todo el personal (disponible o no), a pesar que desde las Direcciones de las Mutuas aseguraban que se entregaron los listados de personal sanitario especificando esta circunstancia, movilizando al personal sanitario a destinos donde una vez que acudían se les indicaba que no eran necesarios sus servicios, prestaciones en las que no se les facilitaban los EPIS adecuados, etc.
Desde que se conoció la puesta a disposición de nuestro personal para la Consejería de Sanidad, como no podía ser de otra manera, hemos venido pidiendo a todas las partes implicadas, la mayor y mejor coordinación posible y las mayores garantías tanto en materias de relaciones laborales como y prioritariamente, en materia de seguridad y salud para nuestros trabajadores y trabajadoras.
En las últimas semanas, los requerimientos para reclutar personal sanitario de Mutuas por el Estado de Alarma, se han centrado, curiosamente, en dar cobertura al área de Asuntos Sociales y principalmente a las residencias de mayores públicas y privadas, tanto con la advertencia de que era obligatoria la prestación de servicios, como con la cesión de datos de contacto de los empleados y empleadas que obraban en manos de la Consejería de Sanidad, para engrosar una “bolsa de trabajo” a quienes ofertar contratos o voluntariados aparte de los ya estipulados con sus Mutuas.
La intensificación de los requerimientos a los empleados sanitarios de las Mutuas para prestar sus servicios en residencias de mayores , coincide con el comienzo del retorno del personal sanitario movilizado en esta crisis, a sus servicios de destino y por lo tanto, no deja de ser “llamativa” esta manera de proceder y que entendemos que puede encuadrarse en un escenario de, bajo el amparo normativo del Estado de Alarma, dotar a un sector (el de dependencia) dramática y fuertemente precarizado producto de la gestión de los últimos años de la Comunidad de Madrid, de personal “adicional” para suplir temporalmente deficiencias históricas y estructurales, que han dejado a los mayores , dependientes y los empleados de su sector en una situación insostenible, además en uno de los ámbitos de mayor contagio y menor protección.
No queremos que quede ninguna duda de la colaboración y disposición de los empleados de Mutuas en esta crisis, que como decíamos, ha aportado y sigue aportando sus instalaciones hospitalarias, su personal sanitario y también una parte fundamental de la que nadie habla y es la gestión de las prestaciones económicas, que ahora y especialmente, tan urgentes y necesarias están siendo, y nuestro personal en todo el sector ha trabajado sin descanso para que el dinero de esas prestaciones (las nuevas generadas por la crisis y las ya establecidas anteriormente), lleguen a la gente que tanto lo necesita, sin olvidar que los accidentes de trabajo no han dejado de producirse, e independientemente de que por la suspensión de la actividad de muchos sectores, durante un tiempo se ha visto disminuido, la reincorporación progresiva de la actividad vuelve, por desgracia, a incrementar esta contingencia.
Nuestro personal ha estado expuesto al igual que el resto de trabajadores con el mismo escenario de falta de medidas adecuadas de protección y de desabastecimiento de EPIS, nuestro personal, igual que el resto, también se ha contagiado y ha enfermado, y también, desgraciadamente, contamos con fallecidos.
Somos conscientes de que hay muchos sectores que están siendo esenciales en esta crisis y cuya importancia permanece “invisible”, pero los empleados de Mutuas, además de invisibles, estamos especialmente precarizados y castigados desde hace ya muchos años, con un secuestro absoluto de nuestro derecho a la negociación colectiva, con un desmantelamiento sin sentido desde hace ya de una década de todos nuestros derechos laborales y encima con la crítica generalizada y constante al trabajo de este colectivo de trabajadores.
Desde el Sindicato de Mutuas de UGT en Madrid denunciamos las utilizaciones interesadas, y la permanencia “sine díe” de las plantillas en situación de “daños colaterales” permanentes por una pésima gestión por parte de los Organismos competentes.