Desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública, las organizaciones más representativas de la Comunidad Educativa, después de reunirnos para hacer una evaluación del inicio de curso volvemos a denunciar, en primer lugar, la privatización de la educación por parte de la Comunidad de Madrid.
La administración regional, con la práctica de sus políticas neoliberales, continúa arrastrando la educación a una deriva privatizadora que no la considera un servicio público sino un negocio privado, desviando recursos que deberían ir destinados a paliar las dificultades de origen de los sectores más vulnerables a beneficiar a las rentas más altas.
La pandemia mundial no ha servido para que la Consejería entendiese la importancia de la bajada de ratio. La educación no es un gasto, es una inversión y, a pesar de la mejora de los resultados académicos y la convivencia con la bajada de ratios se ha decidido, de manera unilateral, no mantener esa medida.
Las infraestructuras son un tema muy preocupante del que no tenemos respuestas eficaces por parte de la Consejería. Seguimos con las eternas obras por fases, falta de construcción de centros públicos, no existe un mapeo de centros con amianto para proceder a su retirada…
Dentro de unas semanas empezaremos a hablar de frío en las aulas para meses después volver a hablar de calor. Es más que necesaria la adecuada climatización de los centros educativos, tomando las medidas necesarias para que la comunidad educativa no tenga que empezar un nuevo curso soportando temperaturas incompatibles con la salud.
Este nuevo curso nos trae la implantación de la figura del Coordinador de Bienestar, asignándola a cualquier docente de la plantilla del centro, siendo rechazada en más de un 99%. El perfil que responde a esta figura ya existe, son los PTSC (Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad), es incomprensible que no se haya procedido a asignarlo a este profesorado.
Ya iniciado el curso vuelve a repetirse la misma situación de todos los años, falta de oferta pública de Formación Profesional y faltan incorporaciones docentes de diferentes especialidades. Alumnado en clase sin docentes.
Un inicio de curso marcado por la inflación y la subida generalizada de precios siendo uno de los cursos más caros de los últimos veinte años. La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en educación pública y, como consecuencia, las familias madrileñas son las que más tienen que gastar en educación, duplicando incluso la media del Estado.
El Programa ACCEDE no tiene los fondos necesarios para dar cobertura a todos los centros educativos para poder afrontar el gasto de la compra de libros de texto. No ha habido una previsión ni planificación al respecto, a pesar de ser conocedores del incremento de gasto debido a la implantación de la nueva Ley educativa en los cursos impares. La respuesta de algunos centros ha sido comunicar a las familias adheridas al programa que son ellas las que tienen que comprar los libros para completar los lotes. Una tomadura de pelo en toda regla.
Si a esto sumamos el copago en la Escuela Pública y los umbrales establecidos de renta para poder acceder a una reducción de precio de comedor escolar, nos encontramos ante un panorama poco alentador.
Una administración que ignora a los más vulnerables y cuyo objetivo principal es el beneficio de las empresas privadas en detrimento del bien común.
