UGT muestra su decepción por lo que considera una pérdida de oportunidad para reducir el horario lectivo del profesorado, con carácter básico para todo el Estado, tal y como se realizó su ampliación, a través del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
La recién publicada Ley 4/2019, de 7 de marzo pretende revertir los artículos 2, 3 y 4 del mencionado Real Decreto-ley 14/2012, a partir del inicio del curso 2019/20, lo que supone:
- La derogación del incremento en un 20 por 100 de las ratios máximas de alumnos por aula que, según manifiesta la norma, tendrá un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula.
- La sustitución del profesorado en los centros docentes públicos con efectos inmediatos.
- La recomendación a las Comunidades Autónomas de disminuir la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente en centros públicos a un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y de dieciocho horas en el resto de las enseñanzas de régimen general.
El Sector de Enseñanza de FeSP UGT Madrid considera que esta Ley revierte parte de los recortes educativos, aunque nuestra posición siempre ha sido, y así lo hemos defendido ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional que, al igual que el horario lectivo se incrementó, con carácter básico para todo el profesorado, también se hubiera utilizado el mismo formato para su disminución. Todo ello porque, pese a establecer en el apartado 2 de su Disposición final primera que: “para hacer efectivas las previsiones contenidas en esta Ley por parte de las Administraciones Educativas, la Administración General del Estado establecerá un marco de financiación adecuado y suficiente”, todos somos conscientes que dejar en manos de las diferentes Comunidades Autónomas la modificación del horario lectivo del profesorado puede dar lugar a diferencias sustanciales entre el mismo, lo que no debería producirse en unos cuerpos de funcionarios, que tienen carácter estatal, por tratarse de profesiones reguladas ya que protegen derechos fundamentales.
Por todo ello, UGT exige a la Comunidad de Madrid que asuma la recomendación que respecto al horario lectivo establece esta Ley y estará vigilante, a través de sus órganos federales, sobre el cumplimiento de financiación “adecuada y suficiente” para llevarla a cabo.