Los motivos de esta concentración derivan de la existencia de graves problemas vinculados a la  ausencia de voluntad para abordar la recuperación del poder adquisitivo que han perdido las empleadas y empleados públicos. El proceso de recuperación de derechos sustraídos al personal de la AGE se ha paralizado. Es necesario que se aborde la devolución de manera inmediata de aquellos aún pendientes: 100% del salario en caso de IT, la formación, la acción social, el plan de pensiones, etc… La progresiva pérdida de puestos de trabajo en la AGE, junto las políticas del Gobierno que apuestan por la privatización de servicios, está poniendo en peligro los servicios públicos prestados por esta Administración. Buena parte de estos servicios públicos se encuentran al borde del colapso y precisan de soluciones extraordinarias respecto a la oferta de empleo público. Igualmente es necesaria la negociación en materia de planificación de recursos humanos para abordar soluciones definitivas de cara al futuro.

Además, la ausencia de una negociación colectiva real. No ha sido posible abordar, en los espacios de negociación abiertos en el ámbito, aspectos sustanciales de las condiciones de trabajo de su personal.

También, falta de desarrollo del EBEP y las consecuencias que esto significa sobre los derechos del personal de la Administración del Estado, especialmente en relación al personal funcionario que, tras diez años desde su aprobación, aún tiene pendiente la regulación de estas materias -carrera profesional, clasificación profesional o sistema retributivo- en desarrollo de esta norma.

La paralización de la negociación del IV Convenio Único del Personal Laboral de la AGE y la incapacidad de la representación de la Administración para dar respuesta a las reivindicaciones de este personal en relación a la clasificación profesional o respecto a sus retribuciones.