Una vez más la acción de la Justicia coloca a esta administración en su sitio y le obliga a dar marcha atrás en los ilegales recortes sufridos por los empleados/as de las empresas públicas, tan solo por criterio político, ni tan siquiera ajustado a derecho.
Tras la demanda presentada por UGT contra la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Hispanagua, el Tribunal Constitucional sentenció el 3 de octubre de 2016 (sentencia 164/2016) la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2010.
Desde la FeSP de UGT Madrid, se solicitó por escrito a la Presidenta Cifuentes y a los responsables de Nuevo ARPEGIO la devolución de las cantidades indebidamente retenidas como consecuencia de la aplicación del recorte del 5%. Del mismo modo se hizo en las reuniones mantenidas con el hoy cesado Viceconsejero, el Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y la Consejera Delegada y el Gerente de Nuevo ARPEGIO. Sin que ello produjera mayor efecto que la remisión de escrito a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a su vez petición de informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que emitió informe el pasado 26 de mayo de 2017. Más de cinco meses para resolver algo tan “de sentido común”. Evidentemente, los recortes en la Comunidad de Madrid afectan en todos los niveles y estructuras, no solamente en la prestación directa a los ciudadanos. Seis meses de demora en llevar a cabo lo sentenciado por el Tribunal Constitucional no es tiempo prudencial. Es demasiado tiempo.
Finalmente el 13 de mayo de 2017 la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda comunicó la pertinencia de la devolución y restitución del 5% detraído de los salarios indebidamente, pero solo con efectos del 16 de noviembre de 2016 (fecha de publicación de la sentencia del TC en BOE), debiendo esperar al pronunciamiento de los Tribunales de Justicia para las cantidades comprendidas entre 2010 y 2016.
Lamentamos la falta de agilidad de la Comunidad de Madrid en restablecer “lo indebidamente recortado” a los empleados/as de las empresas públicas y la falta de sentido común de sus responsables políticos obligándonos a todos a recurrir a los Tribunales de Justicia para reclamar las cantidades atrasadas. Tal vez el día que los costes procesales recaigan sobre los responsables políticos se deje de hacer uso de estas tácticas dilatorias. Desde la Asesoría Jurídica de UGT reclamaremos la devolución íntegra de todas las cantidades “indebidamente” retenidas desde 2010. Enhorabuena a los empleados/as de las empresas públicas.
