Una vez más FeSP-UGT de Madrid ha tenido que recurrir a la Defensora del Pueblo con el fin de que la Consejería de Justicia cumpla la Ley y abone a determinados funcionarios Judiciales lo que les corresponde por las funciones que desempeñan. Ya en su día y gracias a la denuncia puesta por UGT ante la oficina de la Defensora del Pueblo se consiguió que la Consejería de Justicia abonase a los funcionarios destinados en Decanatos no liberados y determinados Juzgados de lo Penal y Sociales de Periferia lo que las Leyes de Presupuestos establecían. La Consejería obligada a dichos trabajadores a recurrir a los tribunales que les terminaban por dar la razón.

Pues bien, en relación a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal, destinados en los Registros Civiles de la Comunidad, la Consejería les niega el abono de una cantidad mensuales por la función que realizan y que viene establecida en las normas vigentes sobre retribuciones. Les obliga a recurrir nuevamente a los Tribunales, y son estos, incluido el propio Tribunal Supremo el que ha dicho que se les tiene que abonar esa cantidad.

Al Sr. Consejero de Justicia no le basta que el propio Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Juzgados de lo Contencioso lo digan, obliga a los trabajadores a recurrir uno a uno a los tribunales para conseguir el abono.

Es por ello que FeSP-UGT de Madrid  ha recurrido a la Defensora del Pueblo para conseguir nuevamente que la Consejería de Justicia abone lo que tiene obligación de abonar y no haga incurrir como en el caso anterior en un gasto adicional pues los Tribunales además de condenar en costas a la Administración reconoce intereses a los afectados. Costas e intereses que terminamos pagando todos los contribuyentes.