El Consejero de Educación ha hecho unas declaraciones sobre la política educativa en la Comunidad de Madrid que a juicio de UGT son inaceptables, por cuanto comienza diciendo que su idea es “garantizar que todo sigue funcionando a la perfección” y defender lo que siempre han defendido: “la libertad de elección de centros, defensa de la educación concertada y de la educación especial”. Sonroja, cuanto menos, que diga que todo sigue funcionando a la perfección. ¿Para quién? ¿Para los docentes que siguen cobrando menos que sus homólogos de otras Comunidades Autónomas y tienen más horas lectivas, más burocracia y más ratio? ¿Para las familias que han sufrido la horrorosa gestión de las becas de comedor? ¿Para quienes quieren una plaza pública en un barrio donde no existen? ¿Para quienes no pueden pagar una plaza privada ni siquiera con los cheques escolares?
Y decir que garantizarán lo que siempre han defendido: “la escuela concertada”. Para UGT está claro, no defienden la educación en general y la pública en concreto; esa escuela de “todos y para todos”, defienden la escuela concertada, que puede y quiere segregar a través de las cuotas, el cobro por desgaste de patio y el abuso sobre los trabajadores de la concertada.
Que el Consejero diga que el inicio de curso “requiere una anticipación y una preparación importante” es una obviedad que UGT siempre ha exigido. No puede darse la situación de que en septiembre los centros no cuenten con la totalidad de la plantilla y los centros tengan que iniciar sus clases en precario, como ha sucedido este curso y todos cuantos recordamos. Por tanto, avances: cero.
El problema con las becas de comedor se hubiera solventado si hubieran tenido contacto con los representantes de los docentes y de las familias: la participación es esencial en un sistema democrático, porque, además de involucrar a todos los actores en una medida política, ofrece a la administración educativa un conocimiento práctico que no se puede obtener de otra forma. Si lo hubieran hecho no habrían tenido que añadir 17 millones de euros a las ayudas de comedor y, desde luego, hubieran ahorrado muchos disgustos a las familias y a los equipos directivos de los centros escolares. No se puede exigir, por ejemplo, a las familias monoparentales que el “padre” firme una solicitud y eso debería haberse resuelto previamente. Lo que funciona no debe cambiarse a peor.
La reducción de ratios no parece tener graves problemas en Primaria, por la reducción de la natalidad, pero si en Secundaria, donde esa bajada aún no ha llegado y por tanto se necesitan más espacios para proceder a dicha reducción. Espacios que, en muchos casos no existen, basta con constatar que aproximadamente más de la mitad de los centros concertados no han procedido a la reducción de la misma este curso. Y no hay espacios disponibles, como dice el Consejero, los espacios están ocupados, por tanto, lo que se produce es una reestructuración que conlleva la desaparición de espacios para departamentos didácticos, salas de psicomotricidad, salones de actos, bibliotecas o laboratorios, por ejemplo. Y la situación, inevitablemente, empeorará los siguientes cursos; hasta que la bajada de natalidad llegue a educación secundaria y se resuelva por sí misma.
Respecto a las ayudas para extraescolares y la apertura de centros en períodos no lectivos, UGT se siente preocupada, por cuanto se realice sin contar con los equipos directivos y docentes de los centros donde se va a implantar, dado que, si bien los centros tienen un carácter público, serán dichos equipos quienes tengan que asumir el uso que se realice de los espacios y resolver las condiciones en que se devuelvan después de dicho uso. Nadie ha contado con ellos para tomar esas decisiones y, sobre todo, nadie a concretado aún cómo se van a resolver cuestiones cómo apertura y cierre, limpieza o desperfectos. Es cierto que en el Corredor del Henares los ayuntamientos llevan años asumiendo estas labores que, por tanto, no son nuevas en Madrid, pero no acordar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del sector es inaceptable y, desde UGT, creemos que solo llevará a tener problemas.
Respecto a la Ley de Formación Profesional pretenden hacer una Ley Maestra, cuando lo único que tienen que hacer es desarrollar y cumplir la ley estatal. Desde UGT creemos que esta supuesta ley tendrá las mismas características que la anterior Ley Maestra de Liberad de Elección de Centro Educativo: se limitará a parafrasear la ley básica, estatal, y defender la enseñanza privada, en este caso no concertada.
Respecto a las 6.000 plazas que han quedado vacantes en las enseñanzas de FP coincide con nosotros: se trata de una mala planificación de la oferta y de una falta de conocimiento de las diferentes enseñanzas por parte del alumnado.
Con respecto a la Ley de Universidades la cuestión es muy sencilla: financien la universidad pública. En Madrid existe el doble de universidades privadas que públicas y, como en enseñanzas no universitarias, la Comunidad de Madrid está ahogando el sector público para beneficiar al privado. Por ello, UGT exige un aumento de la inversión en las universidades públicas.
En resumen: UGT exige una mayor inversión pública que revierta en la red pública y una real y auténtica participación en la toma de decisiones, con los representantes de los trabajadores de la enseñanza y la comunidad educativa, como exige cualquier sistema auténticamente democrático que busque la excelencia y la igualdad de oportunidades.
