La Consejería de Educación y Juventud respondió anoche a las cartas remitidas por las organizaciones sindicales componentes de la Mesa Sectorial a la Presidenta de la Comunidad y al propio Consejero negando la continuidad de los refuerzos covid y las medidas cautelares que se solicitaban, ya que fueron contratados como “medida para paliar, en el alumnado, el posible desfase curricular derivado de la situación en que tuvo lugar el último trimestre del curso 2019/20, durante el primer trimestre del curso 2020/21”.

Esta afirmación obvia la situación que se ha vivido durante este primer trimestre en que las bajas por enfermedad, los confinamientos y el espectacular retraso en la contratación de docentes ha provocado una situación inaceptable de incumplimiento de la labor educativa, solo paliada por dichos refuerzos covid, que han tenido que solventar la irresponsabilidad de la Consejería en este sentido. Han paliado no el desfase curricular del último trimestre sino la carencia de profesorado en este primero del curso 2020/21, en que dicha situación se ha visto incrementada por la dejación de la Administración.

La Consejería ha cerrado los ojos a la realidad. Esta parece ser su táctica. Si no lo veo, no existe. Ya lo hizo a finales del curso pasado y hubo que presionar, incluso convocar una huelga, para que la Presidenta decidiese tomar medidas, eso sí, el 25 de agosto, a cinco días del inicio del curso. Esas medidas, está claro tras su intención de no mantener los refuerzos covid, eran mera publicidad. No tenían la intención de resolver el problema producido por los desfases durante el confinamiento.

UGT, tras esta comunicación de la Consejería, se muestra preocupa por la continuidad del profesorado contratado para desdobles, pues en la misma comunicación indica que el nombramiento de dicho personal docente viene condicionado por “la duración de las circunstancias de la pandemia” y se pregunta qué entenderá el Gobierno Regional por dicha duración.

La solución planteada por el Consejero es que pague el Estado. Madrid ha recibido la parte proporcional de financiación que le correspondía, como el resto de Comunidades Autónomas, que sin embargo mantienen los refuerzos covid. Somos la Región con mayor PIB medio por habitante, pero los únicos que no pueden mantener este recurso humano imprescindible para no ampliar la brecha educativa.

Mientras tanto, en todos los Consejos de Gobierno se destinan partidas a temas que, a juicio de UGT, son menos prioritarias e, incluso, podrían suprimirse: 867.348€ para realización de actividades educativa a diferentes confesiones religiosas (2 diciembre); más de 22 millones de euros para la contratación de aulas prefabricadas (9 de diciembre), aulas que se supone están funcionando o deberían, desde inicio de curso o contratación por más de 3,5 millones de euros de un estudio para 1º de Secundaria y 1º de Bachillerato bilingüe para comprobar si mantienen el grado de comunicación y comprensión oral en lengua inglesa o han sufrido desfases con la pandemia (BOCM 11 de diciembre). Lo cual demuestra que hay dinero para lo que se quiere, otra cosa es qué se quiere.

UGT considera que la Consejería de Educación debe cambiar sus objetivos: su objetivo no es desgastar al Gobierno del Estado es velar por los ciudadanos de su Comunidad.