La necesidad de convencer a la ciudadanía sobre el magnífico trabajo que está realizando el Gobierno Regional en materia educativa les lleva a inventar datos que justifiquen el esfuerzo realizado. Así, en el comunicado de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, indican que se ha aumentado 8.041 profesores en centros públicos en esta legislatura, lo que significaría 61.041 profesores y profesoras para el curso 2022/23, mientras en “Datos y cifras de la educación” (publicación de la propia Consejería) el dato correspondiente al curso 2019/20 era de 56.939, por tanto el aumento de docentes durante el actual gobierno habría sido solo de 4.102.

La triunfalista nota de prensa del Consejo de Gobierno de 31 de agosto sobre becas esconde una realidad que como UGT ha denunciado ya en muchas ocasiones, supone una manipulación a la ciudadanía, la privatización de la enseñanza y un aumento de la segregación por motivos económicos.

De los 226 millones que la Consejería destinará a becas y ayudas, solo 82,3 irán destinadas al alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, centros públicos y centros privados concertados; el resto, es decir 143,7 millones lo hará, exclusivamente, a alumnado de centros privados.

Respecto a las cuantías destinadas a becas de bachillerato, sonroja leer que el “92,32% de las familias beneficiarias de estas becas tienen rentas per cápita inferiores a los 20.000 €”, lo que equivale a decir que familias con cuatro miembros, que ganan 100,000 € anuales han sido beneficiarios de las mismas.

Además añade que “el 85% de las solicitudes pertenece a alumnos que estudian Bachillerato en centros cuyas etapas obligatorias son concertadas”, por lo que el 15% lo hace en centros cuyas etapas obligatorias son privadas, pasando de no tener ayudas en Primaria y Secundaria a tenerlas para bachillerato. Y ello nos lleva a preguntarnos ¿qué viene después, cheques para Primaria y Secundaria en centros privados?

Respecto a las becas de Segunda Oportunidad que aumentan de 10 a 15 millones, “destinadas a alumnos que abandonaron los estudios para entrar en el mercado laboral”, UGT denuncia que este alumnado no ha abandonado los estudios, tan solo se les exige estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y su finalidad, en la Comunidad de Madrid, es financiar los gastos de enseñanza. El alumnado de centros públicos queda fuera de esta convocatoria al no existir coste por enseñanza, vulnerando y manipulando el objetivo final para el que fueron creadas y financiadas con fondos europeos.

UGT considera vergonzosa la política de becas y ayudas de la Comunidad de Madrid, que no sirve para reducir la desventaja socioeconómica del alumnado sino para financiar a los centros privados.

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