Las decisiones y actuaciones del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, aparentemente inconexas y justificadas como medidas extraordinarias por la pandemia Covid, tienen un objetivo claro y manifiesto: la liberalización de la prestación de la asistencia sanitaria a las empresas privadas para que puedan obtener beneficios sustanciosos a costa de nuestros impuestos.

Lejos, muy lejos de cualquier agradecimiento y compensación del esfuerzo realizado por los trabajadores públicos, por los trabajadores de la sanidad, en los últimos meses, se les desprecia con anuncios de medidas populistas que minorarán drásticamente en número de puestos de trabajo directos de la Administración Sanitaria de nuestra Comunidad en un nuevo ataque hacia la destrucción del empleo público.

Cerramos camas en los hospitales pero gastamos 50 millones de Euros en un hospital de pandemias del que nada conocemos acerca de su futura gestión y sus futuros trabajadores. ¿Quién trabajará en ese nuevo centro si estamos haciendo llamamientos urgentes para la cobertura de puestos de trabajo de profesionales sanitarios porque según la Consejería de Sanidad no encuentran candidatos para las suplencias? Mantienen inoperativos los dispositivos de urgencias y un completo caos organizativo en la Atención Primaria, que ha de jugar un papel fundamental en esta etapa de control de rebrotes y rastreo, y en vez de solucionar de forma eficaz retomamos ideas del año 2018, de reducciones de horarios de los centros de salud y anunciamos reagrupaciones de profesionales que no es otra cosa que la reducción del número de centros de salud que prestarán atención a la población con el consiguiente aumento de la sobrecarga y demanda asistencial de los profesionales. ¿Cómo van a atender decentemente a los ciudadanos los profesionales de la sanidad si aumentan sus cargas de trabajo un 300 % o 400 %?

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