Para el curso 2022/23, la Consejería de Educación ha decidido aumentar las ventajas y subvenciones a las familias con más recursos económicos y a los centros privados de enseñanza mediante los denominados “cheques escolares” y a través de dos mecanismos: el aumento de las cuantías disponibles para estas ayudas y el aumento del límite de renta per cápita de los solicitantes.
En relación con las cuantías, para el próximo curso se van a destinar 50,6 millones para primer ciclo de educación infantil; 43,4 millones para bachillerato; 2, 4 millones para formación profesional de grado medio; 30,5 millones para formación profesional de grado superior, a los que hay que sumar 15 millones de euros de las Becas de Segunda oportunidad, lo que asciende a 142 millones de euros destinados a financiar, indirectamente, a los centros privados de enseñanza que, además, ven ampliar el disfrute de las mismas a la modalidad a distancia de FP, demanda de los centros privados desde hace años, que no cuenta con la aprobación del Consejo Escolar de Madrid, en el que curso tras curso se ha rechazado dicha propuesta.
Respecto al aumento del límite máximo de renta ha registrado un aumento casi un 260% en bachillerato y un 80% en FP. Que familias con una renta per cápita de 35.913 € puedan obtener una ayuda al estudio es, cuanto menos, una indecencia, mientras miles de alumnos y alumnas no pueden acceder a estudios de FP por falta de plazas sostenidas con fondos públicos. Aunque, obviamente, en Madrid todas las plazas de FP, bachillerato y Primer Ciclo de Infantil están sostenidas con fondos públicos a través de los cheques pero, eso sí, no se ven sometidas al control de la Administración educativa.
Y todo ello para “garantizar el acceso a los estudios de Bachillerato, FP o Educación Infantil de Primer Ciclo en centros privados a las familias con menos recursos económicos y consolidar la libre elección de centro educativo de las familias de los alumnos beneficiarios”. Mientras las familias que quieren optar por la enseñanza pública no pueden hacerlo por falta de plazas en todas las etapas señaladas.
Pero esta situación no es nueva. Ya en 2014 saltó a los medios de comunicación la noticia de que la entonces Consejera de Educación, Lucia Figar, disfrutaba del cheque guardería. Queremos recordar que la Consejera y su marido, diputado en el Congreso, obtenían rentas superiores a las que actualmente se han establecido como límite para la percepción de estas ayudas.
Otro de los factores que consideramos preciso conocer es la privatización de la gestión de estas ayudas, que comenzó en 2006 con los cheques guardería y que hace años se ha impuesto en toda la tramitación de ayudas escolares, contando este año con un valor estimado del contrato de 801.635,25 euros (BOCM de 17 de junio de 2022), situación que UGT lleva denunciando desde su inicio.
UGT, consciente de la privatización de la educación madrileña, ha aprobado una Resolución Congresual en la que se opone al desvío de dinero público para centros privados y considera que dicha política de becas incrementa las desigualdades y agrava la situación de las familias más desfavorecidas, porque solo la escuela pública es garante de la igualdad de oportunidades.
Por ello, UGT demanda que la prioridad de la Consejería, para garantizar la igualdad de oportunidad y la equidad del sistema educativo, recogidos en la Constitución es la creación de plazas públicas de Educación Infantil de Primer Ciclo, de Bachillerato y de Formación Profesional. A eso deben dedicar los cheques que financian la educación privada. Y para garantizar la calidad de la enseñanza deberían reducir las ratios, cuyo compromiso no se está cumpliendo, a reducir el horario lectivo del profesorado y a garantizar una atención a la diversidad adecuada y suficiente para nuestra Comunidad. Pónganse las pilas y legislen para todos los madrileños, no solo para las rentas más altas, les aseguramos que con estas políticas cada vez nos alejamos más de la Agenda 2030.