UGT Servicios Públicos Madrid ha solicitado a la Consejería que anule la orden de suprimir la enseñanza de Educación Infantil a distancia de cinco centros públicos y la traslade a uno que inicia estas enseñanzas el próximo curso. De facto, esta reorganización rebaja de cinco a uno los centros públicos que impartirían este Ciclo Formativo, con la consiguiente reducción de plantilla y el alejamiento de este tipo de formación de la inmensa mayoría del alumnado, dado que el centro al que se trasladan se encuentra en Valdemorillo.
UGT considera que esta medida va en contra del sentido común y de la defensa de la “res pública” que debe ser la finalidad de los gestores públicos. Ello, además, supone un ataque extraordinario a la red pública que, hasta el curso 2020/21, contaba con cinco centros públicos y veinticuatro privados que ofertaban dichas enseñanzas a distancia y reduciría la oferta pública a un único centro, lo que a nuestro juicio vulnera la igualdad de oportunidades y actúa de manera contraria a las indicaciones de la Unión Europea y de la propia normativa estatal.
Hay que tener en cuenta que la enseñanza de FP a distancia está diseñada para colectivos muy vulnerables y necesitados de una gran flexibilidad, ya que va dirigido, fundamentalmente, a personas trabajadoras, mujeres que deseen acceder al mundo del trabajo, personas con algún tipo de discapacidad que necesiten o prefieran esta modalidad de enseñanza o quienes viviendo en un ámbito rural tengan difícil acceso a las mismas, entre otros. Por tanto, dificultar y restringir esta modalidad, cuando debería irse en sentido contrario, pone trabas a la formación de los trabajadores, las mujeres, las personas con discapacidad y los habitantes del mundo rural, aumenta las probabilidades de abandono escolar temprano y camina en dirección contraria a las estrategias de la Unión Europea.
Asimismo, estas enseñanzas están concebidas de un modo flexible que permite la semipresencialidad, en aquellos casos que así lo estimen oportuno y les sea posible. Por tanto, disminuir el número de centros y la oferta educativa, alejándola de los domicilios familiares o laborales impide, en la mayor parte de los casos, la posibilidad de hacer uso de esta parte presencial de la formación que, a juicio de alumnado y profesionales, resulta esencial.
Es obvio que reducir a un solo centro la oferta pública restringe las posibilidades de acceso a estas enseñanzas de la mayor parte de la población madrileña, que no cuenta con posibilidades económicas que le permitan realizar dicha formación, o que no quiera porque haya optado voluntariamente y con todo el derecho, a dicha enseñanza pública. Y, desde luego, reduce la tan defendida “libertad de elección de centro”. Por ello, la privación de oportunidades supone una limitación al derecho de ciudadanía reconocida en nuestra Constitución, así como en el Pilar Europeo de los derechos sociales y en la Carta Social Europea y camina en sentido contrario al progreso económico de una sociedad.
