Según un estudio realizado por UGT, la Comunidad de Madrid ha cedido a la gestión privada 1.600.000 m2 de suelo público, en un total de 80 parcelas, desde que asumió las competencias en materia educativa, en julio de 1999.
En el estudio adjunto se detallan, una por una, las parcelas cedidas a empresas privadas de enseñanza y cooperativas de profesorado, fechas de puesta en marcha de los centros, canon que deben pagar, años de cesión, número de alumnos o grupos por curso, y otras cuestiones relativas a las citadas privatizaciones de parcelas, que puede consultarse en el siguiente enlace
El trabajo comenzó a realizarse cuando se inició la citada privatización y tuvo un primer estudio en 2007, desde entonces UGT ha seguido recabando la información relativa a dichas cesiones, fruto del ello es este segundo estudio actualizado, del que destacamos los siguientes datos:
Se han cedido un total de 80 parcelas, con un total de metros cuadros estimados de 1.596.151 m2; el tamaño medio de la parcela cedida es de 19.951 m2, aunque existen algunas que superan ampliamente ese espacio. La cesión puede realizarse a través de un ayuntamiento o de la propia Comunidad de Madrid. Suele concederse por 75 años, aunque algunas lo son por menos tiempo, pero no inferior a 40 años. Puede o no haber un período de carencia, que suele ser de 4 años, durante los cuales los adjudicatarios están exentos de pagar canon. Los más frecuentes son los establecidos en 8.000€ y 12.000€ anuales, lo que equivale a decir que sale más barato que el alquiler que muchos madrileños y madrileñas deben pagar por un piso para vivir. El terreno puede utilizarse como aval para conseguir créditos que permitan abordar la construcción de los centros y 18 de estas parcelas (22,5% del total) se han cedido a centros que imparten enseñanza diferenciada por sexo.
Asimismo, se analizan los dos tipos de privatización, la que se realiza directamente mediante concurso para la selección de una empresa adjudicataria, y la que se realizó privatizando el suelo y revendiéndolo para construcción de centros educativos concertados, entre los que se encuentran los centros afectados por el caso Púnica a través de Alfedel. También se analizan algunos casos que hemos de definir como “situaciones singulares”, que se salen de las pautas generales.
Todo ello nos lleva, desde UGT, a denunciar el nivel de privatización y substracción de bienes públicos de toda la ciudadanía para enriquecimiento y negocio particulares, mediante la cesión de suelo público para construcción de centros educativos privados, porque hay que recordar que son privados. Y recuerda a la Administración educativa y a la población madrileña que la Constitución Española no contempla dicha posibilidad, sino la “libertad de creación de centros docentes” privados. Es más, el planteamiento de que para tener libertad de elección de centro debe de existir una oferta pública y privada financiada con fondos públicos es una falacia. Los datos revelan que el desarrollo de la red privada solo garantiza segregación del alumnado por nivel socioeconómico, por un lado, y la creación de una maquinaria para derivar fondos públicos a intereses privados, por otro. Por todo ello, UGT rechaza la cesión y enajenación de suelo público para negocios privados de enseñanza.
