Antes de finalizar el estado de alarma, desde UGT insistimos ya en que era imprescindible realizar test de detección COVID a todo el personal de Escuelas Infantiles previamente a su incorporación al trabajo y repetirlos periódicamente. Para una vuelta a las aulas con seguridad y garantías para la salud de niños y niñas, familias y profesionales, solo hay un camino: Prevención y control continuo de los posibles casos para evitar la expansión de la infección.
En julio se inició la actividad en las Escuelas Infantiles y ¡¡no se hicieron los test!! En septiembre, con todas las prisas fruto de la falta de previsión, se ha convocado a todo el personal para realizar unas pruebas serológicas rápidas, ¡¡distintas a las pruebas llevadas a cabo al personal del resto de centros educativos!!. La gestión de estos test, además, ha resultado absolutamente nefasta, sin garantías de protección de datos y sin seguimiento de los casos positivos.
La Comunidad de Madrid ha contratado para su seguimiento a una empresa privada (Ribera Salud) externalizando así la seguridad sanitaria educativa. Las trabajadoras y trabajadores con resultado positivo, abandonados por la empresa (contratada con nuestros impuestos para presuntamente prevenir la expansión de la pandemia en nuestras Escuelas), han tenido que acudir a sus centros de salud para, desconcertados pero responsables, solicitar instrucciones que eviten nuevos contagios.
Pero el desastre es aún mayor. El Protocolo vigente en las Escuelas indica, que cuando se detecta un caso positivo de COVID-19, hay que seguir la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, notificándolo a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública, y debe ser Salud Pública la que decida las principales medidas de control. Aquí viene el gran problema; el sistema está colapsado y no cogen el teléfono.
Visto lo visto, parece claro que para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su Consejería de Educación, el personal de las Escuelas Infantiles somos de segunda categoría, mientras que el rédito económico de la externalización de servicios (en este caso sanitarios), parece cotizar por encima de la seguridad y la salud de la Comunidad Educativa.
Para UGT este es un motivo más por el que convocamos la huelga del 22 y 23 de septiembre.
Profesionales de Servicios Públicos: GRACIAS
Somos la Unión