Recién aprobada la Ley Ayuso de libertad de elección educativa, la Presidenta Regional, decide extender obligatoriamente el Programa Bilingüe al Segundo Ciclo de Educación Infantil. No ha escuchado al profesorado ni a las familias, no ha evaluado el Programa Bilingüe, no ha proporcionado recursos humanos suficientes para reforzar el fracaso a que aboca dicho programa a miles de alumnos y alumnas y no ha reunido a la Mesa Sectorial para negociar los cambios en las condiciones laborales y retributivas que dicha extensión va, sin duda, a suponer.
UGT lleva más de dos décadas exigiendo la evaluación del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid con participación de los representantes de los docentes y las familias, sin que ello se haya llevado a cabo, porque, al parecer, sobre programas educativos los afectados y los expertos, es decir los docentes, no tienen nada que opinar.
La libertad de elección de centro, que tanto “venden” algunos los gobiernos regionales, ha consistido en reducir la oferta formativa en los centros públicos, obligando a miles de familias a elegir centros con el Programa Bilingüe por no existir alternativa en su barrio o en su municipio. Porque donde no hay no se puede elegir. Eso sí, el demostrado fracaso del programa, tal y como está diseñado, y la falta de recursos han provocado la proliferación de academias para dar apoyo y refuerzo al alumnado que no puede alcanzar los objetivos en inglés, el aumento de las desigualdades entre el alumnado, un aumento de la frustración y el fracaso escolar, situación que, como siempre, afecta más a los más débiles y desprotegidos y, en el ámbito laboral, la diferenciación retributiva y el desplazamiento de docentes por no poseer la capacitación lingüística que el Programa exige.
El supuesto éxito de dicho Programa contrasta con la solicitud de centros privados concertados de abandonar el programa bilingüe en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, recogido en la ORDEN 2927/2021, de 30 de septiembre. Pero la libertad que se le otorga a los centros privados concertados para abandonar dicho programa no existe en los centros públicos, que no pueden dar marcha atrás, si así lo decidiesen. Como vemos, la libertad existe para los centros privados pero no para los públicos, todos ellos sostenidos con fondos públicos y, en teoría, sujetos a la misma normativa.
La misma Memoria de Impacto, que acompaña al Proyecto de Orden indica que: “su implementación supone impacto sobre la situación actual en el colectivo docente” y que “los maestros con la especialidad en Educación Infantil que impartan áreas en inglés deberán estar en posesión de la habilitación lingüística en lengua inglesa para el desempeño de puestos bilingües”, lo que, como indicábamos, va a suponer el desplazamiento y la pérdida de plaza del profesorado y debería haber sido negociado en Mesa Sectorial. Asimismo, indica que: “incluye una ampliación del horario de las enseñanzas en inglés”, lo que solo puede hacerse con la reducción horaria de otras materias.
Por todo ello, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, denuncia la toma de decisiones arbitrarias y desiguales entre centros públicos y los privados concertados y exige una normativa común para todos ellos, la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones que la afectan, la evaluación del programa bilingüe y la convocatoria de Mesa Sectorial para negociar las condiciones laborales y retributivas que esta norma va a imponer.