Todos los estudios, nacionales e internacionales, y el sentido común indican que un menor número de alumnos y alumnas por clase mejoran la calidad educativa, permite una mayor atención individualizada del alumnado y, también, mejora las condiciones laborales del profesorado.

La Presidenta de la Comunidad anunció la bajada de ratio en 1º de la ESO y en 4 años de Educación Infantil, tal y como había hecho el curso pasado en 3 años. Y, de nuevo, asistimos a la negativa de la mayor parte de los titulares de centros privados con concierto a proceder a dicha bajada.

Para el próximo curso solo uno de cada tres centros concertados procederá a reducir la ratio a 25 alumnos por grupo, en 1º de la ESO; otro las mantiene a 30 y un tercero las reduce a 28. Para UGT la no reducción de alumnado por aula es fruto de dos factores: la falta de espacio que permita el aumento de unidades y la negativa de la patronal para reducir los beneficios por alumno que las cuotas, eufemísticamente voluntarias, y la disminución de beneficios obtenidos por los servicios que ofrecen, obviamente con ánimo de lucro, como las clases extraescolares y complementarias, la venta de uniformes, libros, transporte  y comedor escolar, aportaciones por el día del patrón o la patrona y un largo etcétera, aportan a estos empresarios. Y es que un alumno es un cliente que aporta un beneficio económico, de ahí que la pérdida de 5, 10 ó 15 alumnos signifique una disminución en sus beneficios, y todo ello en unos centros que se supone son gratuitos y “sin ánimo de lucro”. Es cierto que no todos los centros aplican de igual manera estas fórmulas de plusvalía, siendo frecuente en los centros creados desde 1999, año en que se transfieren las competencias educativas a la Comunidad de Madrid.

Contrasta esta actitud con la alegría mostrada ante el sorpresivo anuncio de la Presidenta de aumentar la partida de “otros gastos” que, reiteradamente solicitada por la patronal de centros privados concertados, fue anunciada hace un par de meses. Partida que gestionan los titulares de los centros y que les permite elegir diferentes conceptos en su aplicación.

UGT considera que los centros privados concertados deberían proceder a la disminución de ratio y la Consejería no debería dejar al arbitrio de sus titulares ni la calidad de la enseñanza, ni la atención a la diversidad de su alumnado, ni las condiciones laborales de sus docentes.