UGT ha defendido la necesidad de realizar procesos selectivos en los que se ponga en valor la capacidad docente de los opositores, situación que los procesos selectivos actuales dejan en segundo lugar, dando prioridad a pruebas que miden, en teoría, los conocimientos, ya adquiridos, por lo que reclamamos al Ministerio el carácter no eliminatorio de la primera fase.
En la presente convocatoria los opositores se han encontrado realizando una auténtica ginkana cuyos resultados han sido desastrosos para ellos, sus familias y el propio sistema educativo madrileño.
Para empezar, los criterios de evaluación de las pruebas se hicieron públicos tres días antes de la primera prueba, cuando, a nuestro juicio, deberían haberse conocido con mucha más antelación, incluso con la publicación de la convocatoria del proceso selectivo.
En segundo lugar, es de tener en cuenta que los tribunales han contado con un elevado número de opositores y un plazo muy escaso para realizar las funciones que tenían encomendadas, incluso compatibilizándolas con el final de curso y las pruebas extraordinarias que han sido trasladadas de septiembre a junio.
Por otra parte, los presidentes/as de los tribunales nº 1 de todas las especialidades son nombrados por la Consejería de Educación, y en ellos recae la función de establecer los criterios de evaluación, por lo que, indirectamente, es la Administración quien podría controlar los mismos.
El resultado ha sido que, en términos generales, el número de opositores que han pasado a la segunda fase ha sido tan escaso que en muchas especialidades no se cubrirán las plazas convocadas, habiendo obtenido unas puntuaciones, en muchos casos, inferiores a 1 punto.
Por último, los opositores solo han contado con un día para solicitar la revisión del examen, sin haber conseguido la revisión presencial y que les expliquen los motivos de las puntuaciones obtenidas.
Estas situaciones hacen que UGT confirme su defensa de un cambio de modelo en el sistema de acceso a la función pública docente, un de procedimiento y una revisión en profundidad del proceso. Así mismo ha remitido a su gabinete jurídico todos los datos obtenidos y se está estudiando la puesta en marcha de cuantas medidas legales estén a nuestro alcance para defender las garantías de un procedimiento transparente, racional y adecuado al objetivo que se persigue y que garantice los derechos de los opositores.