Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid denunciamos que una vez más la Comunidad de Madrid ha demostrado que no sabe o no quiere poner en valor la negociación colectiva ni el diálogo social, herramienta fundamental para que las relaciones laborares sean fluidas y redunden en beneficio de todas las empleadas y empleados públicos de la Administración regional.

Nos encontramos de nuevo con un ejemplo que demuestra lo que para el Gobierno regional suponen los cauces democráticos, y que no entienden o no quieren poner en práctica, hecho que contradice lo manifestado en su discurso. Esto nos hace pensar que mienten cuando se les llena la boca de difundir a los cuatro vientos que se reúnen con los sindicatos para “negociar” el empleo de la Comunidad autónoma.

Los sindicatos tenemos un derecho y un deber recogido en la legislación que es la de sentarnos a negociar con la Administración en este caso, la Oferta de Empleo Público, pues bien, esta Administración sólo sabe contarlo a través de los medios de comunicación o a través del BOCM.

Dentro de los ámbitos de negociación que tenemos, y según lo reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público, está la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, que debería ser donde pudiéramos negociar sobre la Oferta de Empleo Público, pero en esta Comunidad parece vacía de contenido puesto que no hay opción a nada ya que sólo se limitan a trasladar, como hemos dicho anteriormente, lo que ya han hecho público a través de los medios de comunicación, sin ni siquiera ver la situación real de las plantillas y si la tasa de reposición de la que hablan es suficiente y cubre las necesidades reales.

Exigimos un compromiso real por parte de la Comunidad de Madrid para que, haciendo uso de las herramientas y ámbitos legales que tenemos, ponga en valor la negociación colectiva que desde la FSP UGT de Madrid le venimos pidiendo de forma reiterada, y que sea a través de los ámbitos de negociación donde los sindicatos recibamos la información y podamos aportar nuestras propuestas para mejorar la situación laboral de las empleadas y empleados públicos, lo que redundaría en una mejora de la prestación que la ciudadanía recibe de los servicios públicos.