UGT lleva más de dos meses anunciando la falta de plazas en centros de trabajo para el alumnado de los centros públicos de Formación Profesional. Hay que tener en cuenta que sin la realización de este módulo profesional el alumnado no puede titular y que el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Educación, tiene que garantizar la formación de este alumnado en tiempo y forma, ya que lo contrario sería una dejación de funciones, cuanto poco, y vulneraría los derechos de los afectados.
La demora en la realización de estas prácticas y/o formación en empresas causaría un enorme perjuicio en el alumnado afectado, toda vez que no podría titular y, además, quienes quisieran continuar estudios no podrían hacerlo en 2024/25, sino que deberían posponerlo al siguiente curso.
Pero es que la situación empeorará en sucesivos cursos, toda vez que la modificación de las enseñanzas de Formación Profesional va a ver aumentado su número de horas de formación en empresas y, obviamente, los más perjudicados serán los que cursan la modalidad dual, esa que tanto gusta a nuestro Gobierno Regional, cuya duración no es de 400 horas sino de un curso completo. Por tanto, la situación exige tomar medidas inmediatas, y ya llegan tarde.
¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? La respuesta no es simple, pues existen varios factores, aunque el más importante es la privatización de la Formación Profesional y el negocio en torno a la misma, auspiciado por el Gobierno Regional a través de las autorizaciones, la falta de control sobre los centros y la financiación pública a través de los cheques FP. El aumento de centros y ciclos de Formación Profesional ha sido extraordinario en los últimos años y daremos unos datos. Para ello partiremos de los centros de FP en 2011/12, previo a los recortes y a la supresión del concierto de la FP Superior, que pasaron a ser privados sin financiación pública directa: mientras en Grado Medio los centros públicos han aumentado en 3, los privados lo han hecho en 48 y en Grado Superior la diferencia es aún mayor, pues los centros públicos disminuyeron en 3 y los privados aumentaron en 104. Y esto solo en enseñanza presencial, la diferencia en enseñanzas a distancia es aún mayor.
Pero la indignación del alumnado, docentes y centros es aún mayor si tenemos en cuenta que los centros privados parecen no tener problema para conseguir plazas de FCT, por cuanto hay quienes tienen sus propias empresas para hacer prácticas y quienes pagan por ello. Por poner algunos ejemplos: quién tiene una editorial no tiene problema para su alumnado de Artes Gráficas, quien tiene colegios no tiene problema para las prácticas de su alumnado de Hostelería y quien tiene hospitales no tiene problema para su alumnado de Sanidad. Y todo ello sin control ninguno que garantice que ese alumnado se está formando y no reemplazando a los trabajadores o trabajadoras que deberían realizar esa función.
Por ejemplo, los cuatro Centros de Formación en Profesiones Biosanitarias HM Hospitales. Centros Privados de Formación Profesional Especializada (hospitales concertados por la Comunidad de Madrid), que han puesto en marcha sus propios centros formativos en materia sanitaria y cuyo alumnado, obviamente, no tiene problema de plazas. Y hay que denunciar, que parte de estos centros, tienen los ciclos de Grado Medio concertados, es decir, financiados de forma directa por la Comunidad de Madrid y los Grados Superiores financiados de forma indirecta a través de cheques de FP.
En el caso de la familia Sanitaria, que parece la más afectada, aunque no es la única, hay que destacar que, desde la pandemia, ha habido un aumento extraordinario de solicitudes de plaza en dicha familia profesional y, como consecuencia, un aumento de plazas públicas y, sobre todo, privadas, que han visto en ello un nicho de negocio. Aquellos centros privados que pagan por una plaza de prácticas no lo hacen con su dinero, lo hacen con dinero procedente del erario público y de las familias, en una competencia desleal a la que la Comunidad de Madrid no pone freno, aunque si financia indirectamente con los cheques escolares.
Pero no es este el único problema al que se enfrenta la Formación Profesional pública, hay que destacar varios:
Los problemas de funcionamiento de la Aplicación de Gestión de Prácticas, a través de la que los docentes gestionan la documentación y autorización de las mismas, lo que está impidiendo realizar las prácticas del alumnado desde principios de año y sin la cual no se pueden formalizar los convenios con empresas, UGT considera que los medios y programas informáticos deberían existir para facilitar y agilizar los procedimientos y no para impedirlos, que es lo que está sucediendo con este y con casi todos los procedimientos administrativos del ámbito educativo.
La necesidad de aumentar las horas lectivas del profesorado para la tutorización de las prácticas de FP, que se redujeron de 6 a 3 horas, con los recortes de 2011, que no se han recuperado y sin las cuales es imposible llevar a cabo las funciones actuales y futuras de dicha formación y/o prácticas y que UGT lleva demandando desde hace años.
Parece, pues, que quien tiene que garantizar la formación y la enseñanza de la ciudadanía madrileña ha tomado partido, pero no puede hacerlo porque ello contravendría su obligación como gestor y garante de derechos, por todo ello, UGT Servicios Públicos Madrid exige que el Gobierno Regional aumente las horas de tutorización de alumnos, resuelva los problemas informáticos de la gestión de las prácticas de los mismos y garantice las plazas necesarias para poder realizar las enseñanzas de Formación Profesional en centros públicos en la Comunidad de Madrid. En caso contrario, estudiaremos las medidas legales que pudieran ser de aplicación.
