UGT ha remitido a las Direcciones Generales de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, sendas cartas solicitando que no se supriman unidades escolares en centros públicos, mientras quedan miles de alumnos/as sin escolarizar.

El proceso desarrollado el presente curso se ha realizado en unas condiciones extraordinarias a causa del COVID 19, por lo que a los problemas que veníamos detectando otros cursos, como una gran movilidad de población en algunos municipios, se han añadido las derivadas de un procedimiento telemático, sin la tutela y cercanía de los centros educativos que informaban y facilitaban a las familias todo el procedimiento.

Tres parecen ser los factores principales que han provocado esta situación:

• La solicitud telemática, cuando algunas familias no dominan las herramientas digitales, cuya consecuencia final ha sido la no presentación o la presentación errónea de la solicitud. Situación común a todas las enseñanzas.
• La gestión y tramitación de la solicitud para 1º de ESO que, hasta ahora, se realizaba directamente en los centros de Infantil y Primaria, que eran quienes tramitaban las mismas a los Institutos de Secundaria, tutorizando en todo momento el proceso y que este curso no ha podido realizarse de este modo, lo que ha provocado que parte del alumnado no haya solicitado centro para el curso 2020/21.
• La aparente movilidad de población, que ya hemos detectado los últimos cursos, que podría ser, también, un factor de aumento de escolarización extraordinaria.

El resultado ha sido que muchas familias no han realizado la solicitud de plaza y, por tanto, ese alumnado deberá ser escolarizado en el período extraordinario. Solo en Madrid Capital se ha observado una disminución de unos 10.000 alumnos/as sobre la cantidad que se tenía previsto escolarizar. Al tiempo, en diferentes municipios y distritos, se está produciendo un ajuste de unidades, en función de la escolarización ordinaria, y la supresión de alguna de ellas.

Dada la situación mencionada, consideramos que no debería procederse a la supresión de unidades en tanto no finalice el proceso extraordinario en septiembre y todo el alumnado que deba ser escolarizado haya obtenido plaza escolar. A nuestro juicio, no tiene sentido provocar desplazamiento de profesorado y reorganizaciones de centros que, a posteriori, deba ser modificada de nuevo y que causará un perjuicio a los centros y al profesorado del mismo, toda vez que, es muy probable, que sea necesario proceder a la apertura de las unidades suprimidas.