Ante las condiciones  del inicio de curso 23/24, UGT muestra su preocupación por las numerosas cuestiones mal resueltas o, directamente, sin resolver que van a entorpecer el normal desarrollo de las clases en unas condiciones que, a nuestro juicio, deberían existir en una Comunidad Autónoma que lidera los ingresos per cápita (IPC) de todo el Estado y que, por tanto, debería tener las mejores condiciones de servicio público pero, sin embargo, produce inquietud y muchas dudas sobre la realidad con la que lo vamos a afrontar. Citaremos algunas de ellas.

El prematuro inicio del curso escolar ha provocado, y seguirá haciéndolo, numerosos problemas organizativos en los centros (asignación de grupos y tutorías, elaboración de horarios, coordinación de equipos,…). Téngase en cuenta que aún no se ha incorporado la totalidad del profesorado y que hay que organizar los grupos de alumnado: la adjudicación de plazas docentes no ha finalizado y no prevemos que vaya a conseguirse antes de los días 6 y 7 de septiembre, que es cuando se inician las clases.

La supresión de grupos de Formación Profesional en la red pública, sin haber finalizado el proceso de admisión, provocará la ya endémica falta de plazas que permitan escolarizar al alumnado solicitante, lo que solo deja dos vías: abandono escolar o centros privados, para aquellos que puedan asumir el coste de los mismos, provocando una selección socioeconómica del alumnado, que deja a los más vulnerables sin la cobertura pública que la Constitución establece en base a la igualdad de oportunidades. Se hace cada año más necesaria una programación más ajustada de plazas de FP, que se adecúe más a la demanda y no se vea supeditada a la oferta privada, así como campañas de promoción que permitan conocer la realidad de cada una de las formaciones ofertadas.

La incertidumbre sobre el estado de las obras de centros inacabados, la presencia de barracones en los centros y la adaptación de espacios para acoger los nuevos grupos de Primer Ciclo de Infantil y la reducción de ratio del 2º curso de Segundo Ciclo de Infantil y 1º de la ESO llama la atención. Por poner un ejemplo, el Consejero dijo que han dedicado dos millones de euros para la adaptación de éstos últimos (1º de la ESO), siendo 736 (336 públicos y 400 concertados) los centros afectados, lo que supondría 2.717,4 € para cada uno. Cualquiera que haya hecho obras en su domicilio podrá hacerse idea de qué se puede hacer con ese presupuesto.

La recuperación de los recortes en cuanto a horarios: continúa la necesidad de reducción de jornada lectiva del profesorado, a 18 en Secundaria y 23 en Educación Infantil y Primaria,  así como la reducción del horario laboral a 35 horas semanales que UGT viene reivindicando desde hace años, más desde que los recortes de Mariano Rajoy procedieron a aumentar dicho horario lectivo en Secundaria, sin que se haya recuperado la jornada previa, cuando las condiciones que, a su parecer motivaron ese aumento, han desaparecido.

La necesidad de que la normativa que afecte a docentes y familias de centros concertados no se decida por parte de los titulares de dichos centros, por la utilización que éstos hacen de un servicio público para obtener beneficios a costa de ambos sectores (familias y docentes), alejándose del principio de “servicio público” que justifica la concertación y la recepción de fondos públicos.

La preocupación por el bloqueo al que está sometiendo la patronal de escuelas infantiles privadas a la negociación del nuevo convenio de sus trabajadores y trabajadoras y que, de continuar, provocará movilizaciones en el sector próximamente.

La inquietud porque los datos facilitados por la Consejería no coincidan y sean contradictorios, en muchos casos, con los que se obtienen en los centros, tergiversando una realidad que aleja a la ciudadanía y a los representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa de la comprensión y posible actuación sobre las necesidades de la educación madrileña.

En el ámbito de las Universidades, preocupa el desarrollo de la LOSU, debido a la incertidumbre política, además de la situación presupuestaria a la que se enfrentan durante los próximos años debido a la infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid y a la finalización del pago de las sentencias, ganadas por las universidades.

Por todo ello, UGT exige la apertura urgente de negociaciones y una relación con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades basada en la participación  sindical  y de la comunidad educativa en general, que normalice el diálogo como mecanismo de resolución de problemas y garante de la mejora del sistema educativo madrileño.