UGT y CCOO rechazan el proyecto de modificación de la Ley de Montes, que ha llevado el Gobierno al Parlamento, porque es innecesario y peligroso y subordina el papel de los Agentes Forestales a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la investigación de un posible delito ambiental, urbanístico o de incendio forestal, mermando de esta forma su capacidad para proteger el medio ambiente. Ambos sindicatos defienden la eficacia de los agentes forestales y critican que muchos de los cambios planteados parecen pensados para favorecer a ciertos intereses sectoriales y empresariales y pueden poner en peligro el aprovechamiento tradicional de montes vecinales.
