La incorporación del Primer Ciclo de Educación Infantil en Centros de Infantil y Primaria públicos, sobre la que no se ha consultado a los agentes sociales que puedan verse afectados por este nuevo modelo y sobre el que no existe, aún, normativa que regule su funcionamiento y organización, ha producido una situación de incertidumbre y preocupación en el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, por las notables diferencias en la organización, recursos, calendario y horario escolar, diferentes en las Escuelas Infantiles públicas (EE.II) y los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP).
Por ello, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, como representante del profesorado madrileño, se ha dirigido al Director General de Infantil, Primaria y Especial solicitando una reunión a fin de aclarar y debatir sobre cómo pretende llevarse a cabo y las consecuencias que ello pudiera tener sobre los docentes, la organización de los centros y la calidad del servicio educativo en esta etapa.
Que el modelo 0-12 puede funcionar no se pone en duda, lo hace desde hace años en los centros concertados. También el modelo 0-18, pero con infraestructuras y edificios creados ya con la perspectiva de albergar la etapa completa de Educación Infantil. Pero para ello los centros deben contar con los recursos adecuados y todos sabemos que la etapa 0-3 es especialmente delicada respecto a estos factores y entra en contradicción con la supresión de la Segunda Etapa de Infantil en nueve centros de Madrid Capital para el próximo curso.
Entre las muchas diferencias organizativas de ambos tipos de centros, EE.II y CEIPs, tal vez, las más obvias sean las referentes al calendario y la jornada escolar, puesto que en las Escuelas Infantiles ésta se ajusta a lo regulado en el artº 22 de la Orden 123/2015, que indica que las Escuelas Infantiles podrán estar abiertas al menos desde las 7:30 horas y hasta las 17:30 horas y se considera horario escolar general el comprendido entre las 9:00 y las 16:00 horas, y horario escolar ampliado el comprendido entre las 7:30 y las 9:00 horas y entre las 16:00 y las 17:30 horas. Y el calendario escolar no se ajusta, tampoco, al de los CEIPs, permaneciendo abiertas las EEII durante el mes de julio y no existiendo, por ejemplo, los días no lectivos contemplados para el resto de las enseñanzas.
Otras cuestiones, no menos importantes, tienen que ver con los servicios que realizan, como el de comedor escolar que, en su caso, es obligatorio para los usuarios y que no puede ser atendido por un catering, como sucede en algunos centros de Infantil y Primaria, si no que exige unas instalaciones de cocina que permitan preparar y conservar los alimentos en condiciones idóneas.
También es importante la existencia de perfiles profesionales con los que los CEIPs no cuentan, como son los Educadores Infantiles, obviamente.
Cuestiones, todas ellas, que pueden afectar a las condiciones laborales del profesorado y a la organización de los centros. A ese fin, le solicitamos una reunión que nos permita conocer, poner en común y negociar aquellas cuestiones que puedan afectar a nuestros representados.
Por todo ello, UGT exige la negociación de las condiciones laborales de los afectados por una medida que, si bien puede proporcionar plazas que son necesarias y demandadas, puede hacerlo en condiciones inadecuadas y lejos de donde son necesarias, lo que no facilita la conciliación de las familias ni, sobre todo, la atención adecuada a la etapa más sensible, vulnerable y decisiva en la formación de la persona.
Esperamos y deseamos que este proceso se lleve a cabo con transparencia, participación y negociación y no mediante el trámite de urgencia, tan utilizado por este Gobierno Regional, que hurta a los afectados y a la ciudadanía en general de la posibilidad de participar y conocer, antes de su publicación y entrada en vigor, la normativa que les incumbe, tal y como establece, entre otras, la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical y la propia Constitución Española, de cuyo mandato y principios derivan.
