El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid, ha emitido sentencia estimatoria sobre el recurso contencioso administrativo presentado por 85 trabajadores/as del Ayuntamiento de Alcorcón, contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), de fecha 31 de julio de 2015, por la que se aprueba la revisión de oficio y se declara la nulidad de la Relación de Puestos de Trabajo de funcionarios de 1 de febrero de 2011, y asimismo se declara la nulidad de las Bases Generales y Específicas del procedimiento de acceso a la función pública seguido por el Ayuntamiento de Alcorcón en 2011 y la nulidad de 504 nombramientos de funcionarios locales derivados del mismo.

La sentencia desmonta uno por uno los argumentos esgrimidos tanto por la Cámara de Cuentas como por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento de Alcorcón, para intentar anular el proceso de funcionarización llevado a cabo en el año 2011.

La misma confirma, sin ningún lugar a dudas, la incuestionable legalidad de todo el proceso, absolutamente en todos sus términos, tanto en la forma como en el fondo, dejando bien a las claras que no se llevó a cabo no sólo ninguna ilegalidad, sino que ni siquiera detecta irregularidades dignas de mención.

Eso sí, afea reiteradamente al Ayuntamiento de Alcorcón la forma en que utilizó el medio de revisión de oficio para llevar a cabo esta anulación, siendo este “un remedio extraordinario, excepcional, que por tanto debe reservarse a las situaciones absolutamente incompatibles con el Derecho y con la justicia.”, clarificando a continuación que “puede decirse que las facultades de revisión de oficio no se han ejercitado con la prudencia y moderación que la Ley señala como límite de las mismas, pues afecta a trabajadores con 10, 20 o incluso más años de servicio. Por consiguiente, procede la estimación de la demanda también en este punto.”

No podemos sino felicitarnos por el resultado de esta sentencia, primera que se dicta sobre este asunto. Y solicitar al gobierno municipal que, aunque la sentencia es recurrible, recapacite, acate las decisiones adoptadas en el Pleno sobre esta cuestión, revierta de manera inmediata a la situación de funcionarios a todos los trabajadores/as afectados, y deje de seguir sangrando las arcas municipales con este asunto, que a todas luces acabará dando la razón a los que siempre hemos defendido la absoluta legalidad del proceso de funcionarización.

En esta ocasión nos reservamos hacer valoraciones políticas sobre las consecuencias de esta sentencia, entendiendo que serán los partidos políticos de la oposición los que se encarguen de pedir y exigir las responsabilidades que correspondan a cada cual.