enseñanza publicaDesde UGT valoramos positivamente que la Consejería de Educación reconsidere los criterios de adjudicación de obras en centros educativos tras la presión ejercida durante años por nuestro sindicato, la FAPA Giner de los Ríos y otras organizaciones sindicales y colectivos de la enseñanza.

Si bien, de momento y a falta de una valoración exhaustiva, los nuevos criterios de baremación no garantizan lo importante en lo que a infraestructuras de centros educativos se refiere: el mejor proyecto, adaptado al fin que tiene encomendado: la educación.

UGT entiende que no se debe adjudicar una obra al presupuesto más barato, sino al MEJOR PROYECTO. Llevando a cabo una planificación sensata en la construcción de centros públicos que evite la construcción por fases y las obras en los centros en funcionamiento dentro del calendario lectivo.  Para ello hay que garantizar la finalización de las obras antes del comienzo del curso escolar, programando el mantenimiento de los edificios en los períodos vacacionales para evitar riesgos innecesarios.

Consideramos que, los criterios de baremación, deben priorizar otros criterios:

  • PEDAGÓGICOS: en función de la oferta educativa del centro. No es lo mismo construir aulas de Educación Infantil, que de Formación Profesional o de enseñanzas de régimen especial.
  • MEDIOAMBIENTALES Y ENERGÉTICOS: atendiendo a las condiciones bioclimáticas del lugar, promoviendo instalaciones con energías renovables, dotando de una climatización adecuada a los nuevos tiempos, con una orientación, ventilación e iluminación natural, adecuadas, etc.
  • CRITERIOS DE MOVILIDAD: garantizando la accesibilidad de las personas con discapacidad. Aún tenemos centros específicos de motóricos sin rampas.
  • Que cumplan la normativa de SEGURIDAD e HIGIENE, HABITABILIDAD y URBANÍSTICAS.
  • Incorporando las nuevas tecnologías mediante instalaciones de voz y datos, cuidando la acústica, etc.

UGT continuará alerta y seguirá llevando un seguimiento de las obras de los centros educativos públicos para garantizar una planificación sensata  y una mejora de las infraestructuras que no ponga en riesgo al alumnado, al profesorado y a las familias.

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