UGT Servicios Públicos Madrid denuncia que el Gobierno regional criminaliza la huelga educativa para no tener que negociar.
UGT Servicios Públicos Madrid denuncia las descalificaciones, el desprecio y las amenazas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, dirigen contra el profesorado madrileño por ejercer su derecho a huelga. La huelga está convocada por el comité de huelga y respaldada por organizaciones de familias y alumnado. Lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno regional ha elegido criminalizar la protesta.
En una entrevista en el programa Horizonte, la presidenta describió la protesta ante el Palacio de Santoña como obra de «un grupo de gente muy violenta» y afirmó que los manifestantes «tienen la orden de acosar». Al concretar, sin embargo, la supuesta violencia se redujo a megáfonos e insultos que no detalló: «lo que oía, porque era como un coro rociero». Ella misma reconoció: «yo más que miedo he sentido pena». En cambio, no dijo una palabra sobre las cargas policiales que el propio presentador mencionó. Calificar de violenta una protesta con megáfonos y atribuirla, sin prueba alguna, a una «orden» dictada desde la Moncloa es una irresponsabilidad impropia de quien preside la Comunidad.
Y estas acusaciones las realiza incluso contra el apoyo que los docentes están recibiendo por parte de las familias que comparten las reivindicaciones.
Javier Becerra García, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, «En su intervención en Horizonte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid responde a la huelga indefinida del profesorado con descalificaciones, desprecio y amenazas. Intenta crear una realidad paralela que distorsiona lo que está ocurriendo en las calles para provocar al colectivo docente madrileño, que ha actuado en todo momento dentro del orden legal, en lugar de sentarse a negociar sus reivindicaciones.»
La consejera, por su parte, anunció el 16 de octubre que instarán a abrir «los expedientes correspondientes» a docentes a los que acusa de incitar al odio. Para UGT, anunciar expedientes en plena huelga es un intento inaceptable de amedrentar al profesorado. El derecho de huelga está protegido por el artículo 28.2 de la Constitución, y cualquier expediente vinculado a su ejercicio vulneraría un derecho fundamental.
Reivindicaciones «injustificadas»
La presidenta sostiene que la huelga no está justificada «ni por resultados PISA ni por condiciones laborales ni salariales». También afirma que atender las reivindicaciones obligaría a construir «más de 200 o 300 colegios» y consumiría «más del 75 %» del presupuesto de la Consejería, sin aportar desglose alguno y con cifras que no coinciden con las de su propia consejera. Si reducir las ratios exige cientos de colegios nuevos, eso no demuestra que la reivindicación sea insensata: demuestra el déficit de plazas públicas que ha acumulado la política educativa del Gobierno regional.
Tampoco es una huelga «política». El profesorado la decidió en junio, meses antes de la convocatoria electoral que la presidenta presenta como su origen. Y en agosto, cuando UGT y el resto de los convocantes dirigieron una carta a la Consejería invitando al diálogo para evitar la convocatoria formal, no obtuvieron respuesta.
UGT Servicios Públicos Madrid exige al Gobierno regional que convoque de inmediato al comité de huelga para negociar la tabla reivindicativa, que retire la amenaza de expedientes y que trate con respeto institucional al profesorado madrileño.
Próxima movilización convocada por el Comité de huelga: el martes 20 de octubre a las 20:30, manifestación desde la Delegación de Gobierno a la Consejería de Educación.