Tres semanas después de empezar la huelga indefinida, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha comparecido en la Asamblea de Madrid sin una sola propuesta para resolver el conflicto. Ha dedicado la comparecencia a descalificar a quienes convocan y secundan la huelga, en lugar de responder a lo que plantea el profesorado madrileño.
Llamar «delincuencia» y «prácticas mafiosas» a la protesta docente no se arregla después con un matiz. La consejera dijo esas palabras ante el Pleno sobre las movilizaciones del profesorado. Horas después negó haber llamado delincuentes a los docentes y reprochó a una diputada que lo sostuviera. Lo dicho consta en el Diario de Sesiones. Una responsable de la educación pública no puede describir así la protesta de su propio profesorado y, en la misma sesión, exigir que se pruebe lo que acaba de decir.
Es una huelga laboral, y la propia consejera lo ha reconocido. Para rechazarlas, ha cuantificado las reivindicaciones: plazas por reducción de ratios, coste de las mejoras en las condiciones de trabajo y número de docentes necesarios para reducir la jornada lectiva. Son ratios, jornada lectiva, plantillas y salarios, es decir, condiciones de trabajo. Llamarla «huelga política» no es una opinión neutral: busca deslegitimar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.
La Administración tiene el deber legal de negociar con el comité de huelga. El artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977 obliga a negociar desde el preaviso y durante toda la huelga. No es una cortesía que la consejera pueda conceder o negar según la ideología que atribuya a los convocantes. Preguntarse en sede parlamentaria «qué vamos a negociar» con el comité no es firmeza. Es incumplir esa obligación.
La representatividad no da derecho a elegir interlocutor. La consejera se apoya en el acuerdo sectorial de 2025 mientras descalifica a dos de sus cuatro firmantes. UGT y CCOO son organizaciones representativas en la Mesa Sectorial y convocan esta huelga junto al resto del comité, que actúa de forma conjunta y legítima. Despachar a estos sindicatos como «hacer el caldo gordo» ofende a los miles de docentes que los eligieron.
Un acuerdo vigente no impide negociar. El acuerdo de 2025 fija mínimos, no un techo que bloquee cualquier mejora hasta 2028. El seguimiento de su cumplimiento sigue abierto: las propias instrucciones de inicio de curso permiten aumentar las ratios hasta un 10 % en centros de alta demanda. Que la mesa de seguimiento se haya reunido 13 veces no prueba que se esté negociando. Prueba que el conflicto no se ha resuelto ahí.
Las cifras deben sostenerse con datos. La consejera ha dado cifras de coste (282.000 plazas, 1.400 millones, 13.600 docentes) sin explicar cómo las ha calculado. Exigimos que lo haga. Además, ha dicho que en 2008 había «casi medio millón menos de alumnos». Según los datos oficiales de la propia Comunidad, la diferencia en enseñanzas de régimen general ronda los 310.000 (951.651 alumnos en 2008-2009 frente a 1.262.355 previstos en 2025-2026), y algo más de 150.000 en la red pública. Más alumnado obliga a invertir más, no menos, en la escuela pública.
Acusar sin pruebas daña a la comunidad educativa. Hablar de «violencia», «adoctrinamiento» y «utilización de menores», y de «cientos de denuncias» diarias, sin aportar un solo dato verificable estigmatiza a todo un colectivo. Si hay hechos concretos, deben tratarse por los cauces que correspondan. Lo que no cabe es usarlos para descalificar en bloque una huelga que se ejerce de forma pacífica, igual que informar de ella, que está amparado por la ley. Rechazamos también que el seguimiento de las «consecuencias académicas» se convierta en un mecanismo de presión sobre el profesorado en huelga.
El problema es el trato a la escuela pública. Que a las condiciones de vida del profesorado se responda pidiendo bajadas de impuestos al Estado retrata la posición del Gobierno regional. No asume su propia competencia en materia de personal docente.
Ante esta situación, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid exige a la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades que rectifique sus descalificaciones, que convoque de inmediato al comité de huelga para cumplir el deber legal de negociar y que haga públicos los cálculos con los que rechaza las reivindicaciones. Y mientras no se reconduzca la situación, de manera cautelar el sindicato se levanta de la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria a expensas de consultar a los colectivos que representa.