Desde UGT Servicios Públicos de Madrid pedimos a la Administración regional que muestre mayor sensibilidad ante las situaciones que las mujeres víctimas de violencia de género están viviendo.

Queremos denunciar públicamente la situación en la que se encuentra una empleada pública víctima de violencia de género, con sentencia firme, y que ha solicitado una petición de traslado desde otra Comunidad autónoma a la Comunidad de Madrid, y la respuesta que ha recibido ha sido desestimatoria por considerar que en esa Comunidad puede tener traslado a otra provincia, ya que tenía una orden de alejamiento. ¿Acaso se pretende dejar la situación al azar, como si fuera jugar a la ruleta rusa, una vez que la orden de alejamiento finaliza?

Y les queremos preguntar a los responsables que han tomado esta decisión ¿acaso la víctima va a tener que sufrir una revictimización por tener que estar trasladándose de continuo en esa Comunidad Autónoma, pues su expareja puede trasladarse donde ella esté al trabajar en el mismo ámbito?
Está claro en informes médicos, que la víctima, desde los episodios de violencia de género que padeció y a consecuencia de los mismos, sufre un cuadro ansioso-depresivo, viéndose obligada a tomar medicación y recibir asistencia psicológica, también recibida en la ciudad de Madrid donde se recomienda un entorno libre de riesgos que puedan empeorar su estado. Por lo tanto, la elección de Madrid, lejos de ser caprichosa o volátil, se encuentra debidamente justificada, ya que se trataría de un entorno que le permitiría verse libre de la presencia de su agresor, y que sus hijas conocen y en el que se sienten a gusto.
Desde UGT Servicios Públicos de Madrid reclamamos a la Administración que no actúe con posible negligencia en la protección a la víctima, pudiendo con la decisión adoptada quedar expuesta innecesariamente, tanto en su integridad física como moral.

No nos olvidemos que por desgracia las consecuencias de la violencia de género pueden ser inaceptables y deben ser inasumibles porque cuando llegan a ocurrir terribles situaciones no sirve de nada lamentarse a posteriori.

Estamos hablando que a 27 de diciembre de 2021 han sido asesinadas 43 mujeres, que han quedado 30 huérfanos menores de 18 años. Son las cifras de la vergüenza, inasumibles, puesto que desde 2003 han sido asesinadas 1125 mujeres por sus parejas o exparejas.

Y no nos olvidamos de los menores, ha habido 6 menores víctimas mortales en 2021 y 45 víctimas mortales menores desde 2013.

La sociedad tiene que reaccionar ante esta lacra, y las Administraciones públicas deben ser las garantes de las condiciones de vida seguras para las víctimas de violencia de género.

Queremos recordar que la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, a pesar de ser una Ley desfasada pues es de 1986, introdujo un artículo 57 bis con la siguiente redacción:

En el marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban con la finalidad de facilitar la movilidad entre el personal funcionario de las mismas, tendrán especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de Violencia de Género.

Y este párrafo se añade por la disposición final 3.5 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.

Con esto pensamos que queda claro que una cosa es el discurso y lo que se transmite, pero que la realidad con los hechos del día a día no se cumple.

Y si no fuera suficiente con lo expuesto anteriormente, recordamos que en la Comunidad de Madrid no tenemos un Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos, a pesar de ser la empresa más grande y que la Ley hace años que la obliga a tenerlo. Estamos en negociación del mismo desde hace más tiempo del recomendable, y estamos hablando de una Consejería en la que, cuando se estaban viendo las posibles medidas a adoptar para las víctimas de violencia de género no quiso entrar en ello y se paralizó la negociación, no siendo el único ámbito en el que la negociación está paralizada, también ha pasado en Justicia y en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Está claro que es una actitud totalmente vergonzosa por parte de los responsables correspondientes y que nos deja claro que no tienen ningún interés en avanzar en ese tema, a pesar de posibles discursos que digan o quieran transmitir lo contrario.

Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid, y en concreto a la Consejería de Educación, que se replantee la respuesta negativa dada y que asuma y apruebe la petición realizada por la víctima de violencia de género.